“Había gente arriba entongada": los negocios del poder con el dólar en la gestión Fernández
Política27/01/2026
REDACCIÓN
Dólar oficial Alberto Fernández
Conversaciones incorporadas a una causa judicial muestran relaciones irregulares, amenazas denunciadas sin respuesta y un sistema de controles debilitado en plena escasez de divisas.
En los meses en que el acceso al dólar oficial se convirtió en un privilegio excepcional, el funcionamiento interno de los organismos de control quedó bajo tensión. En ese escenario, audios incorporados a una investigación judicial revelan cómo ciertos vínculos informales y denuncias sin curso convivieron con un mercado altamente restringido.
El material forma parte de una causa que investiga irregularidades en la compra de dólar oficial cuando la brecha con el mercado paralelo superaba el 100 por ciento. El contexto corresponde al tramo final del gobierno de Alberto Fernández, con escasez de divisas y un sistema de autorizaciones que concentraba poder discrecional.
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Las grabaciones incluyen una conversación entre Elías Piccirillo y Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central de la República Argentina. En ese diálogo, la funcionaria reconoce límites normativos y relaciones que no debían existir dentro del organismo. “Pero no podemos eso. Está prohibido eso. No se puede, ¿entendés?”, afirma en un tramo del audio.
Más adelante, la conversación expone un punto aún más sensible: la falta de reacción institucional frente a amenazas denunciadas. “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”, señala García al explicar por qué las advertencias internas no tuvieron consecuencias. La frase remite a niveles jerárquicos superiores dentro del Banco Central, cuya identidad todavía no fue determinada por la Justicia.
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Según surge del intercambio, las amenazas habrían sido informadas dentro del organismo, pero no derivaron en medidas concretas. “Mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo”, agrega la funcionaria, siempre de acuerdo al audio incorporado a la causa. El planteo abre interrogantes sobre los circuitos formales de denuncia y control en el ente monetario.
El diálogo también deja constancia de una relación previa entre funcionarios del BCRA y operadores privados, algo expresamente vedado por la normativa. Piccirillo sostiene que existía asesoramiento, a lo que García responde marcando el límite institucional y el riesgo de quedar expuestos frente a una denuncia formal.
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Los audios fueron aportados por Carlos Sebastián Smith, un ex oficial de la Policía Federal que declaró como arrepentido. Smith no solo describió el armado de un operativo ilegal contra Francisco Hauque, sino que también aportó conversaciones almacenadas en un pendrive, entre ellas la charla entre Piccirillo y la inspectora del BCRA.
A partir de ese material, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron allanamientos en domicilios de cinco funcionarios del Banco Central y en la sede de la entidad. Se secuestraron celulares, computadoras y documentación vinculada a Piccirillo, Hauque y sus empresas.
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El análisis de los dispositivos comenzó durante la feria judicial. Según fuentes del expediente, el teléfono de Romina García aún no pudo ser abierto, ya que se trata de un iPhone de última generación y la clave de acceso no fue aportada. La pericia resulta central para determinar si los audios reflejan un esquema más amplio.
Mientras avanza la investigación, Smith evalúa ampliar su declaración y aportar nueva documentación. La causa no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también establecer hasta dónde llegaron las omisiones internas en un organismo clave durante uno de los períodos más restrictivos del mercado cambiario.
Fuente: Clarín
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