
CAME pidió reducir multas de la Ley de Inocencia Fiscal para proteger a las pymes
Política26/01/2026
REDACCIÓN
La entidad propuso un esquema de rebajas según el tamaño del contribuyente y solicitó que Economía instruya a ARCA para morigerar el impacto de las sanciones.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Economía para que se revisen las multas previstas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal. El planteo apunta a evitar que el nuevo régimen sancionatorio genere un impacto económico desmedido sobre micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.
A través de una nota dirigida al ministro Luis Caputo, la entidad solicitó que se instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para dictar normas complementarias que permitan reducir los montos de las sanciones. Según argumentaron, la ley otorga al Poder Ejecutivo herramientas suficientes para ajustar la aplicación del régimen sin alterar su espíritu general.


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El eje del reclamo se centra en la capacidad contributiva de los distintos actores del sistema. Desde CAME sostienen que aplicar multas uniformes, sin distinguir tamaño ni volumen de actividad, puede derivar en un efecto asfixiante para las pymes, especialmente en un contexto económico marcado por la caída del consumo y el aumento de los costos operativos.
La propuesta elevada por la entidad establece un esquema de rebajas escalonadas. Para las microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes, se solicita una reducción del 90% de las multas. En el caso de las pequeñas empresas, la quita propuesta es del 70%; para las medianas tramo I, del 40%; y para las medianas tramo II, del 20%.
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Desde la organización que preside Ricardo Diab explicaron que se trata del segundo planteo formal realizado al Gobierno nacional sobre esta normativa. El primero fue presentado el 26 de diciembre, cuando ya habían advertido sobre la magnitud de las sanciones y el riesgo que implicaban para la operatoria diaria del sector productivo.
Uno de los puntos que más preocupación genera en CAME es el salto exponencial en los montos sancionatorios. Según los cálculos difundidos por la entidad, las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal aumentaron hasta 1.100 veces respecto de los valores vigentes con anterioridad.
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En términos concretos, señalaron que para personas humanas las sanciones podrían alcanzar montos cercanos a cinco millones de pesos, mientras que para las personas jurídicas las multas podrían ubicarse en diez millones de pesos o más, cifras que consideran inviables para gran parte del entramado pyme.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Entre sus puntos centrales, incorpora un Régimen Simplificado de Ganancias, presentado por el Gobierno como una herramienta para “blindar” a los contribuyentes adheridos.
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Este esquema establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y consumos, además de elevar de manera sustancial los montos mínimos para configurar delitos de evasión. La evasión simple pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se fija en un piso superior a 1.000 millones.
En este contexto, CAME sostuvo que reducir las multas es clave para preservar la actividad de las pymes, fomentar la formalización y evitar que el nuevo marco legal se transforme en un obstáculo para el desarrollo productivo federal. La entidad remarcó que sin ajustes, la norma corre el riesgo de castigar con mayor dureza a quienes tienen menor espalda económica.
















