El temario de extraordinarias suma la Ley Penal Juvenil y reabre la discusión por la imputabilidad a los 13

El Gobierno decidió incorporar la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias y habilitó un nuevo capítulo en la estrategia legislativa de febrero. La medida apunta a tratar un proyecto que propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad, en un período que ya tenía como prioridad la discusión de la reforma laboral. La novedad se terminó de confirmar tras una reunión de coordinación política en Casa Rosada y con un anuncio directo en redes.

La señal pública la dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un mensaje que buscó cerrar el tema sin vueltas. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”, escribió en su cuenta de X. Esa publicación funcionó como un anticipo del giro en la agenda y dejó en claro que el oficialismo pretende incluir el tema dentro del paquete de discusiones del verano.

El calendario que maneja el oficialismo ya tenía una fecha de arranque: la actividad formal en ambas cámaras comenzaría el 2 de febrero, con la reforma laboral como discusión central. Con la ampliación del temario, el Gobierno suma un asunto sensible que suele partir posiciones, tanto dentro del Congreso como en el arco social, y lo coloca en la misma ventana de negociación donde también busca ordenar otros pendientes.

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En la base de la movida aparece un objetivo doble: darle volumen político a las extraordinarias y, al mismo tiempo, encuadrar la discusión penal juvenil dentro de la lógica general de “temas de gestión” que impulsa el Ejecutivo. En la cobertura periodística del día se señaló que el proyecto en cuestión “aspira” a reducir a 13 años la edad de imputabilidad, un cambio que modifica un umbral especialmente sensible en el derecho penal juvenil.

La ampliación del temario, además, convive con otras iniciativas que el Gobierno viene mencionando para el mismo período. En distintas versiones públicas del listado aparecen referencias a reforma laboral, Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, aunque este último mantiene interrogantes por el estado del trámite internacional y por la decisión de cuándo enviarlo formalmente al Congreso. La Casa Rosada, en ese marco, evalúa cómo secuenciar debates para no mezclar negociaciones que requieren mayorías distintas.

Dentro de ese tablero, la Ley Penal Juvenil entra con un antecedente cercano: en mayo de 2025, un plenario de comisiones en Diputados dio dictamen a un proyecto de nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que contemplaba una baja de la imputabilidad a 14 años, según comunicó la propia Cámara. Ese dato muestra que el debate ya tuvo tránsito legislativo y que existen borradores y consensos parciales, aunque no necesariamente alineados con la idea de llevar el umbral a 13.

La tensión de fondo es política y técnica a la vez: discutir edad de punibilidad suele abrir un abanico que incluye tipo de sanciones, dispositivos de reinserción, garantías, rol de la justicia especializada y coordinación con provincias. Por eso, aunque el anuncio se concentró en la edad, el debate parlamentario suele correrse rápidamente a cómo se instrumenta un régimen nuevo, qué recursos exige y qué resultados se esperan en términos de prevención y respuesta penal.

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En paralelo, el Ejecutivo también ordenó sus prioridades para el arranque del año legislativo ordinario. Según la información publicada en los últimos días, el Gobierno decidió postergar la discusión por un nuevo Código Penal para más adelante y concentrar el esfuerzo en los proyectos que cree más factibles de empujar en febrero. Esa elección ayuda a entender por qué la agenda de extraordinarias se vuelve un espacio de disputa por tiempos y por atención de las bancadas.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil, además, suma presión sobre la ingeniería parlamentaria del oficialismo: necesita acuerdos para dictámenes, recinto y votaciones, y cada tema agregado compite por horas, comisiones y consensos. En ese marco, el anuncio de Adorni no solo comunica un punto del temario: marca que el Gobierno pretende poner el asunto en el centro de las conversaciones de febrero, incluso si eso obliga a recalcular negociaciones que ya estaban en marcha.

Con el temario en expansión, el Congreso se encamina a un verano con debates de alto voltaje político y con la Casa Rosada buscando sostener una estrategia que combina anuncios rápidos y negociación fina. La discusión por la imputabilidad a 13 años, si efectivamente entra al recinto, se perfila como uno de los puntos más sensibles del período, por su impacto institucional y por el tipo de mayorías que requiere para avanzar.