La reforma laboral suma presión de pymes: CAME prepara cambios y llevó cinco objeciones al Senado

La discusión por la reforma laboral entró en una fase más técnica en el Senado, con entidades empresarias que buscan influir en la letra chica antes de que el proyecto tome velocidad parlamentaria. En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvió a marcar reparos y activó una estrategia de negociación: presentó un documento con cinco puntos y empezó a trabajar en una redacción alternativa para los artículos que considera conflictivos. El movimiento se dio mientras la iniciativa sigue en agenda del oficialismo y con la intención de que los cambios se discutan en la Cámara Alta.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, expuso que el planteo no apunta a voltear el proyecto sino a modificar partes puntuales sin alterar su orientación general. Lo expresó en términos de trabajo sobre el texto: dijo que preparan un “rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”. En esa línea, afirmó: “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal”.

Esa palabra, certidumbre, aparece como la llave del argumento pyme. La preocupación no se restringe a montos, sino a la forma en que se ejecutan normas que, según Diab, se vuelven difíciles de aplicar en la práctica. En declaraciones al programa “Yo no fui” por Radio Con Vos, lo sintetizó así: “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”. El planteo busca instalar que el problema no está solo en el derecho escrito, sino en lo que ocurre cuando el conflicto llega a instancias de cálculo y litigio.

La movida de CAME no fue aislada ni quedó solo en un pronunciamiento público. Representantes de esta entidad y de otras cámaras como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y ADIMRA enviaron el documento al Senado y mantuvieron conversaciones con los equipos técnicos de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Esa instancia marca que, al menos por ahora, el canal elegido es la interlocución parlamentaria y no una disputa exclusivamente mediática.

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Dentro de los puntos objetados, uno de los que CAME subraya toca el funcionamiento interno de las organizaciones empresarias. Diab cuestionó el artículo 128, que “veta los aportes obligatorios” para asociaciones del sector, pero mantiene los de los gremios. En su lectura, ahí aparece un trato desigual: “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación especifica hacia un sector que trabaja por la representación del sector". La discusión no es menor para las cámaras, porque impacta en su financiamiento y en la capacidad de sostener servicios y representación.

Otro tramo del proyecto que inquieta a la entidad se vincula con el modo en que se actualizan acuerdos laborales una vez vencidos. Diab apuntó al artículo 126, que determina la renegociación de los convenios colectivos cuando expiran, a diferencia del esquema vigente. En su interpretación, allí crece el peso del Estado en un terreno que las partes suelen resolver de manera directa: “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir". El argumento coloca el foco en el límite entre regulación pública y autonomía de negociación.

La discusión también se desplaza a quiénes terminan sentándose a negociar salarios y condiciones cuando el marco se vuelve más flexible o más exigente. Diab marcó que las pymes no siempre tienen espalda profesionalizada para sostener ese frente como lo hacen grandes compañías o estructuras sectoriales. “En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”, advirtió. La frase intenta traducir una tensión concreta: el tiempo y los recursos disponibles en el mundo pyme.

En la misma línea, CAME observó con preocupación la posibilidad de que el Estado intervenga sobre acuerdos ya firmados por razones amplias. Diab cuestionó el artículo 132, que habilita a suspender convenios colectivos por motivos como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para el dirigente, ese alcance abre una incertidumbre que se filtra en la negociación cotidiana: “Determina que alguien, pretendiendo pensar que afectaría a las arcas del Estado, podría deshomologar algo convenido. Es algo que nos perturba, por más que se tenga algo acordado se podrían generar controversias". En el fondo, la crítica apunta a que un acuerdo podría quedar sujeto a una revisión posterior con criterios abiertos.

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Con ese paquete de reparos, la posición de las pymes busca ubicarse en un punto intermedio: acompañamiento general, pero con retoques que consideran indispensables para operar con previsibilidad. El dato político es que el reclamo ya está canalizado en el Senado y conversado con equipos técnicos del oficialismo, lo que anticipa una etapa de discusión sobre redacciones, alcances y facultades. La disputa, al menos por lo que refleja la fuente, no se expresa solo en consignas: se juega en artículos concretos y en cómo quedarán escritos.