La reforma laboral suma tensión por Ganancias y coparticipación en la previa del Senado

La previa de febrero empezó a correrse del plano estrictamente laboral y se metió de lleno en un terreno que en el Congreso suele ordenar mayorías: la plata de las provincias. En el centro aparece una discusión técnica, pero con impacto político directo, alrededor de los artículos 190 y 191 del proyecto de reforma laboral. Según se expuso públicamente, esos puntos tocan impuestos coparticipables y empujan a los gobernadores a mirar el texto con calculadora en mano, más allá de las consignas.

El dato que empieza a tallar, por cómo condiciona la negociación, es que la reforma “tiene una reforma impositiva dentro”, como señaló la diputada Julia Strada. En la fuente, la legisladora vinculó el nudo del conflicto a “una rebaja del Impuesto a las Ganancias que perjudica la coparticipación de las provincias”. En términos parlamentarios, eso cambia el mapa: la discusión ya no queda solo entre bloques, sino que suma a las provincias como actor que puede mover votos.

En ese marco, el kirchnerismo buscó instalar una advertencia directa a los mandatarios provinciales, pero el trasfondo remite a algo más concreto: el intercambio de apoyos por cambios puntuales. Strada lo describió con una hipótesis de negociación que, leída en clave institucional, marca el tipo de conversación que circula en despachos y reuniones. “Lo primero es, atención a esa negociación en donde los gobernadores van a pedir: ‘Sacame lo de Ganancias, dejame la recaudación por coparticipación y a cambio te doy los votos’“, dijo en Radio 10. El foco, entonces, queda en qué parte del proyecto se retoca para sostener el resto.

La diputada además afirmó que desde el oficialismo ya se planteó una salida selectiva, con un costo político calculado: tocar lo fiscal para conservar el paquete. En sus palabras, Patricia Bullrich “ya les está ofreciendo sacar esa parte pero que voten todo lo demás". Esa frase, más allá de la disputa partidaria, ilumina una dinámica habitual del Congreso: desarmar el punto que complica alianzas para sostener el articulado que el Gobierno considera central.

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Desde el bloque opositor, la preocupación se expresó con un tono de presión hacia las provincias, en especial por el impacto en trabajadores que, según esa mirada, termina quedando subordinado al acuerdo fiscal. Strada pidió explícitamente que el tironeo por recursos no se traduzca en respaldo automático a la reforma. “Les digo por favor a los gobernadores que no entreguen los derechos laborales por dos pesos con cincuenta", declaró. El mensaje apunta a evitar que el capítulo tributario funcione como llave para destrabar el resto del texto.

En la misma línea, la legisladora sostuvo que la discusión no se puede leer como un conflicto ajeno a las provincias, sino como una decisión con efecto directo en sus propios habitantes. “Que se comprometan con los derechos laborales, que finalmente son parte del compromiso con los habitantes de su propia provincia. No es que viven en otra provincia, los que nosotros estamos defendiendo, viven en la provincia donde los gobernadores gobiernan", planteó. Con ese argumento, el kirchnerismo intenta correr el debate del “interés provincial” al “costo social” del articulado.

Del lado del oficialismo, la escena que se mueve con más actividad es la de las reuniones previas al recinto. La fuente señala que, en la previa a las sesiones extraordinarias de febrero, el Gobierno intensificó contactos para lograr el respaldo necesario en el Congreso. Y ubica en el Senado un rol de coordinación política y técnica, con equipos que buscan ordenar apoyos antes de la discusión formal.

La arquitectura de esas conversaciones aparece descripta en dos carriles: el Senado y el vínculo con los gobernadores. Por un lado, se menciona que los equipos técnicos de Bullrich encabezan encuentros con distintos sectores; por otro, se informa sobre el raid de reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios provinciales. La lógica que se desprende es clara: sumar consensos sectoriales y, en paralelo, asegurar votos territoriales que suelen definir votaciones cerradas.

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En la enumeración de actores que pasaron por esa ronda aparecen entidades empresarias y del agro, además de un sector puntual que suele mirar con atención la letra chica: empresas pesqueras. Según la fuente, el equipo de la jefa de bloque en el Senado se reunió con asesores de senadores aliados y con instituciones como CAME, la Cámara de Comercio, la UIA y la Comisión de Enlace de entidades Agropecuarias, entre otras. También se menciona a la comisión técnica que conduce Josefina Tajes junto al secretario parlamentario Cristian Larsen, con más de 20 instituciones en total, un dato que muestra el volumen del poroteo previo.

El calendario legislativo agrega presión y explica parte de la intensidad de estos días. La fuente marca como objetivo llevar el debate al recinto el 11 de febrero, y recuerda que el presidente Javier Milei habilitó sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero. En ese esquema, Bullrich citó a su bancada para el 2 de febrero para evaluar el temario. Con ese cronograma, la negociación por artículos sensibles —incluidos los que tocan coparticipación— queda atada a una cuenta regresiva corta, donde cada modificación puede mover voluntades.