Cristina Kirchner busca frenar el decomiso millonario en la causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner pidió suspender toda medida de ejecución sobre sus bienes en el marco del decomiso por la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. A través de su abogado, Carlos Beraldi, presentó dos escritos ante la Cámara Federal de Casación Penal para objetar tanto la competencia del Tribunal Oral Federal 2 como el cálculo que fija el monto a pagar en 537 millones de dólares de forma solidaria junto a otros condenados.

La ex mandataria negó tener bienes vinculados al delito investigado y sostuvo que la cifra reclamada “es producto de un cálculo sin debate previo”. Su defensa advirtió que el decomiso debería tramitarse en el fuero civil y comercial, y no en el penal, y que el procedimiento actual afecta su derecho de defensa y el principio de juez natural.

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El monto fue avalado por el juez Jorge Gorini tras informes periciales que atribuyen los fondos a “hechos de corrupción” y que tomaron como referencia el índice de precios al consumidor. Beraldi cuestionó la elección de ese método y reclamó que se consideren alternativas como las tasas bancarias, que según su cálculo arrojarían valores “cien veces menores”.

En su última declaración jurada, Cristina informó un patrimonio compuesto principalmente por acciones en empresas internacionales, cuentas de ahorro y un vehículo, sin inmuebles propios a su nombre. Señaló que cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner propiedades heredadas en Santa Cruz y departamentos en Recoleta, y que percibe derechos de usufructo sobre esas propiedades.

Pese a esas cesiones, en Comodoro Py algunos interpretan que podrían ser alcanzadas por embargos o decomisos si se considera que fueron transferencias a título gratuito para evitar medidas judiciales. El listado de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola incluyó además dinero en efectivo, plazos fijos y cuentas comitentes para inversiones.

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Uno de los decretos judiciales más discutidos en el expediente es el que establece el decomiso como pena accesoria, incluso sobre bienes que no sean fruto directo del delito pero que pudieran servir para su comisión. Cristina rechazó esa interpretación y afirmó: “No tuve ni tengo bienes que provengan del hecho enjuiciado ni que sirvan para su comisión”.

El perito de parte, José Lucas Gaincerain, estimó que el decomiso debería ser de 42.494 millones de pesos, muy por debajo de los más de 684.990 millones calculados por los peritos oficiales y el Ministerio Público Fiscal. La diferencia se explica por los métodos de actualización aplicados, que para la defensa resultan “técnicamente inadecuados”.

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Beraldi pidió que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña anulen la resolución y ordenen dictar un nuevo fallo conforme a derecho, suspendiendo cualquier medida de ejecución patrimonial hasta que la sentencia sea firme.