El Estado podrá usar bienes incautados al crimen organizado para reforzar su lucha

El Gobierno nacional aprobó un régimen que le otorga al Estado la facultad de disponer de bienes incautados en operativos contra el crimen organizado. El objetivo es quitar recursos a las redes delictivas y utilizarlos para reforzar políticas públicas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial como Decreto N° 575/2025, establece el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en procesos penales federales y de extinción de dominio”.

Según las autoridades, “la gestión eficiente y transparente de recursos mal habidos beneficia a la sociedad y a las víctimas”, además de reducir el poder de las organizaciones criminales.

La norma crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un organismo que dependerá del Ministerio de Justicia y supervisará el destino legal de estos bienes. También coordinará su manejo entre distintas áreas y controlará su uso final.

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Esta función dejará de estar en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que ahora solo podrá manejar recursos propios, partidas presupuestarias, donaciones, legados y porcentajes por venta de bienes, con un arancel que no supere el 5% del valor total.

El cambio busca evitar superposición de funciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos como corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también queda incluida en el nuevo esquema. Podrá financiarse con fondos públicos, privados y provenientes de bienes incautados, así como de multas y otras sanciones.

Cuando se trate de bienes vinculados a delitos de trata o lavado de activos, los recursos se destinarán de forma directa a programas de asistencia para víctimas o a la lucha contra el narcotráfico.

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En el considerando, el decreto remarca que “la magnitud y expansión del crimen organizado exige medidas urgentes” y advierte sobre la necesidad de mejorar la estructura y tecnología del sistema judicial federal.

Este rediseño, según el Ejecutivo, permitirá que cada bien incautado deje de ser un objeto abandonado en depósitos y pase a convertirse en una herramienta efectiva contra las redes criminales.