La justicia de Estados Unidos frena la entrega del 51% de las acciones de YPF
Actualidad15/08/2025
REDACCIÓN
Caso YPF
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió suspender la orden emitida por la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF. La decisión garantiza que el país mantenga el control mayoritario de la petrolera mientras se desarrolla la apelación contra la sentencia en su contra.
Desde la Procuración del Tesoro destacaron que este fallo representa un paso clave en la defensa de un activo estratégico y de los intereses nacionales. “Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación”, expresaron en un comunicado.
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El Gobierno había anticipado que, de no obtener la suspensión, recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar cumplir con la entrega de las acciones. Con la medida de la Cámara, ese paso no será necesario por el momento.
El analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó que las acciones del Estado argentino podrán seguir custodiadas en la Caja de Valores mientras la Corte de Apelaciones resuelve el recurso. Esto implica que no habrá movimientos sobre la participación accionaria hasta que se defina el litigio principal.
En junio, tras la orden de Preska de entregar la participación estatal mientras avanzaba la apelación, la Argentina había solicitado suspender esa exigencia hasta que se resolviera el fondo de la causa. La Cámara había concedido inicialmente una suspensión temporal y ahora confirmó la medida de manera definitiva.
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En esta etapa del litigio por la nacionalización de YPF existían tres escenarios posibles: rechazar la solicitud argentina, otorgar la cautelar con la exigencia de una garantía o aceptar la suspensión sin condiciones. Finalmente, se concretó la opción más favorable para el país, ya que no deberá entregar acciones ni depositar fondos.
Fuentes del Ejecutivo reiteraron que no existe intención de presentar garantías ni de negociar con los demandantes mientras haya instancias judiciales abiertas. La estrategia oficial seguirá centrada en agotar todos los recursos para revertir el fallo adverso.
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