Incendios en Rawson: la fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión

El proceso judicial por los incendios y destrozos ocurridos en Rawson el 16 de diciembre de 2021 llegó a una instancia clave con la audiencia de cesura de pena presidida por el juez Javier Allende. En esa jornada, que siguió a la sanción de la Ley de Zonificación Minera, un sector de manifestantes protagonizó disturbios violentos que incluyeron incendios en edificios públicos, saqueos y destrucción de documentación sensible, mientras que la mayoría de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica.

Durante la audiencia, la fiscal general jefe de la UFEAYDA, Florencia Gómez, argumentó que los acusados actuaron con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos. Según sostuvo, se trató de acciones motivadas “exclusivamente por el desprecio por los bienes públicos y por la oportunidad única de sus impulsos destructivos”, lo que derivó en pérdidas irreparables para la comunidad.

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La acusación hizo hincapié en la magnitud de los daños, el riesgo generado por los focos de incendio y la imposibilidad de recuperar tanto bienes históricos como documentación de valor administrativo. En ese marco, solicitó penas que oscilan entre un año y ocho meses y seis años de prisión, dependiendo de la responsabilidad individual de los imputados ya declarados culpables.

Del otro lado, los defensores Miguel Moyano y Pablo Sánchez pidieron al tribunal que se contemplen atenuantes para reducir las penas al mínimo legal. Argumentaron que la situación de caos social y el contexto en el que ocurrieron los hechos deben ser considerados como factores para mitigar la sanción.

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El juez Allende escuchó los planteos de ambas partes y anunció que dará a conocer la resolución en los próximos días. La decisión definirá las penas que deberán cumplir los imputados, quienes ya fueron encontrados responsables por los episodios que marcaron una de las jornadas más violentas en la historia reciente de la capital provincial.

La expectativa ahora está centrada en cómo resolverá el magistrado un caso que aún genera controversia en Chubut. Por un lado, sectores sociales insisten en que las manifestaciones fueron parte de un rechazo legítimo a la ley minera, mientras que desde el ámbito judicial se remarca que los delitos cometidos en paralelo nada tuvieron que ver con la protesta pacífica y deben recibir una sanción ejemplar.

Fuente: MPF Chubut