La jueza Makintach negó filmaciones prohibidas en el juicio por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach presentó un extenso descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y negó que existieran filmaciones prohibidas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Según explicó, todas las grabaciones fueron conocidas y avaladas por los integrantes del Tribunal N°3.

En el escrito, de casi 30 páginas, la magistrada señaló que las decisiones se adoptaron de forma conjunta con sus colegas Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. “No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino que fueron consentidas y comunicadas en el plano institucional”, remarcó.

Makintach afirmó que la presencia de una persona con una cámara en la sala fue visible para todos y formó parte de un acuerdo interno, descartando que se tratara de una filmación oculta. También aclaró que no participó en la producción de un documental, sino que la iniciativa pertenecía a terceros, en este caso María Lía Vidal y Juan Emilio. “Nunca se abordó el debate judicial, sino reflexiones sobre la idea de justicia frente a la vida y muerte de un ídolo mundial”, explicó.

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En su defensa, Makintach reconoció haber aceptado una entrevista en el ámbito tribunalicio antes del inicio del juicio, pero en un día inhábil y a propuesta de una amiga de la infancia. “Esa entrevista no afectó de ningún modo mi labor judicial”, aseguró.

La jueza también rechazó las imputaciones que dieron lugar a la nulidad del juicio y a su recusación. “No hay posibilidad de considerar mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos ni violación de deberes funcionales”, afirmó.

El escrito concluye con un petitorio en el que su defensa solicita el rechazo de la acusación y la plena continuidad en el cargo. La presentación pide reafirmar el compromiso institucional con la independencia judicial y el resguardo frente a presiones mediáticas.

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La resolución ahora depende de los integrantes del jury y, en última instancia, del gobernador Axel Kicillof, quienes deberán evaluar si existen motivos constitucionales para una destitución. Mientras tanto, la magistrada insiste en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.

Fuente: NA.