Fentanilo contaminado: declaró Ariel García Furfaro y su madre obtuvo prisión domiciliaria

El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., completó su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa que investiga las 96 muertes de pacientes inoculados con fentanilo contaminado. Fuentes judiciales señalaron que el imputado “pudo decir todo lo que quería decir”, en referencia a que expuso su versión de los hechos sin limitaciones.

La investigación avanza sobre la presunta adulteración de medicamentos que habrían causado un centenar de víctimas fatales y encendieron una de las causas sanitarias y judiciales más graves de los últimos años en la Argentina. García Furfaro fue detenido esta semana junto a otros directivos del laboratorio, acusados de ser responsables en la cadena de producción y distribución de las sustancias contaminadas.

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En paralelo, la defensa de Nilda Furfaro, madre del empresario, solicitó su excarcelación. La Justicia no concedió esa petición pero sí otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que cumplirá la medida en su residencia particular mientras continúe el proceso.

La causa se apoya en lo establecido por el artículo 201 bis del Código Penal Argentino, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión o reclusión en los casos en que la adulteración de sustancias alimenticias o medicinales derive en la muerte de una persona. La norma también contempla sanciones de tres años en caso de lesiones gravísimas.

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Con decenas de fallecidos y múltiples víctimas con secuelas, la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de cada imputado y la posible existencia de negligencia o dolo en la producción de los medicamentos. El expediente se encuentra en una etapa clave, con indagatorias que permitirán definir si los acusados quedan procesados formalmente y bajo qué figuras penales.

La dimensión del caso, que involucra a un laboratorio de peso en el mercado farmacéutico, genera fuerte preocupación en el sector sanitario y en la sociedad. Las familias de las víctimas esperan que el proceso judicial avance con celeridad y que se esclarezca cómo fue posible que un medicamento de uso médico terminara convertido en un veneno mortal.

Fuente: N A