Un juez de Neuquén declaró inconstitucional la ley de reiterancia y agitó el debate penal

La justicia neuquina encendió un fuerte debate jurídico. El juez penal Luis Giorgetti declaró inconstitucional la ley de reiterancia y rechazó aplicarla en una audiencia de control de detención.

La norma, sancionada recientemente por la Legislatura, incorporó la reiterancia delictiva como causal autónoma para dictar prisión preventiva. La fiscalía pidió usar el artículo 114 quinquies del Código Procesal Penal, pero el magistrado consideró que la figura viola derechos constitucionales.

“No se le puede respetar la presunción de inocencia a una persona y, por otro lado, afirmar que es reiterante en el delito”, sostuvo Giorgetti. También cuestionó la exposición legislativa que hablaba directamente de “delincuentes”. Para el juez, esa visión anula cualquier posibilidad de resocialización.

El magistrado fue más allá y comparó la norma con una “pena anticipada”. “Una vez que una persona tenga dos formulaciones de cargos, queda detenida como si ya existiera condena. Eso atenta contra el Estado de Derecho”, explicó.

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En sus fundamentos, Giorgetti remarcó que el nuevo régimen impone una presunción automática de riesgo procesal basada en la existencia de investigaciones abiertas, sin evaluar las circunstancias individuales de cada caso.

El juez también enfatizó que “no hay manera de interpretar armónicamente esta cláusula legal; no se la puede defender desde lo constitucional ni desde lo convencional”, cerrando cualquier margen de aplicación en su tribunal.

La resolución se alinea con la advertencia del Ministerio Público de la Defensa durante el debate legislativo. La defensora general Vanina Merlo ya había señalado que la ley implicaba una grave afectación a garantías reconocidas por la Constitución y tratados internacionales.

El fallo de Giorgetti se convirtió en el primero en declarar inconstitucional la ley desde su entrada en vigencia, marcando un precedente que otros jueces podrían tomar como referencia en futuros casos.

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La decisión, sin embargo, abre un escenario de tensión política. El Ejecutivo provincial había defendido la incorporación de la reiterancia como una herramienta para limitar la reincidencia delictiva y mejorar la seguridad ciudadana.

El choque entre los argumentos de seguridad y las garantías constitucionales promete seguir en el centro de la escena. Abogados penalistas ya anticiparon que la discusión llegará a instancias superiores, donde deberá definirse si la ley se ajusta o no al marco legal argentino.

Mientras tanto, la resolución de Giorgetti deja en claro un mensaje: la prisión preventiva no puede convertirse en castigo anticipado sin condena firme.