Neuquén impondrá test de drogas obligatorios a toda la dirigencia política y judicial

Neuquén se prepara para sancionar una de las leyes más comentadas de los últimos años. Todos los funcionarios del Estado provincial deberán someterse a exámenes toxicológicos de manera obligatoria y periódica.

El proyecto, que unifica tres iniciativas previas, obtuvo respaldo en la comisión de Asuntos Constitucionales y en la de Presupuesto. Se espera que llegue al recinto el próximo 3 de septiembre con despacho asegurado y consenso político.

La norma abarca al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y al jefe de Gabinete, pero también alcanza a diputados provinciales, jueces, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura, intendentes y concejales.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de los exámenes. Tendrá la responsabilidad de realizar los análisis de laboratorio y comunicar los resultados. Los controles deberán repetirse al menos una vez al año.

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El proyecto establece un punto tajante: la negativa injustificada a hacerse el test será tomada como un resultado positivo. Es decir, quien se niegue quedará en la misma situación que alguien que consuma drogas ilegales.

Los análisis buscarán detectar metabolitos de cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. También podrán incluir otras sustancias psicoactivas según la evidencia científica.

Los legisladores que defendieron la iniciativa remarcaron que su objetivo es garantizar ética, idoneidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. “El Estado debe dar el ejemplo con dirigentes libres de consumo de drogas ilegales”, señalaron en la comisión.

El proyecto fue resultado de la unificación de tres propuestas presentadas en los últimos meses. Una de ellas pertenecía al empresario Carlos Eguía, otra a legisladores del PRO encabezados por Marcelo Bermúdez y la tercera a los diputados Francisco Lepore y Claudio Domínguez.

La decisión de avanzar en un solo texto permitió destrabar el debate y acelerar la sanción. Desde distintos bloques anticipan que la votación final no tendrá mayores resistencias.

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Con esta ley, Neuquén se colocará a la vanguardia de las provincias que buscan aplicar controles estrictos sobre su dirigencia. El alcance sobre los tres poderes y los municipios marca un precedente que podría replicarse en otros distritos del país.

Para la ciudadanía, el impacto no es menor. Muchos sectores ven con buenos ojos la obligación de testear a quienes ocupan cargos de decisión. En la calle, la lectura es clara: si los empleados comunes deben cumplir controles, los funcionarios no pueden quedar afuera.

La norma también abre un debate sobre privacidad y derechos individuales, aunque en la Legislatura el consenso se inclinó por priorizar la transparencia y la responsabilidad institucional.

El 3 de septiembre será la fecha clave. Con la sanción, Neuquén pasará a exigir controles toxicológicos anuales y a dar un mensaje fuerte sobre la ética en la función pública.