Pena de trabajo comunitario y donación de dinero para tres delincuentes por robo de cables
Policiales28/08/2025
REDACCIÓN
Jueza Ana Karina Breckle
En la Oficina Judicial de Rawson se llevó adelante una audiencia por el robo agravado de más de 40 metros de cable de cobre ocurrido en Playa Unión. Tres personas fueron imputadas por el delito cometido en banda, pero la causa avanzó hacia un cierre anticipado tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas.
Durante la audiencia preliminar, la fiscalía propuso un juicio abreviado para los dos hermanos acusados y un juicio a prueba para el tercer implicado, al no contar este último con antecedentes penales. La jueza penal Ana Karina Breckle escuchó las posturas y explicó a los imputados los alcances de las figuras legales.
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En el caso de los dos hermanos, la condición para acceder al beneficio fue reconocer la autoría del hecho y aceptar una condena en suspenso de tres años. En ese período deberán cumplir diversas pautas de conducta, entre ellas realizar 60 horas de trabajo comunitario y mantener actualizado su domicilio.
El tercer acusado, en tanto, quedó alcanzado por la suspensión de juicio a prueba durante dos años, siempre que cumpla con el pago de 50 mil pesos a favor del comedor comunitario “Manitos Solidarias” de Rawson en un plazo de 30 días. Además, no podrá cometer nuevos delitos y deberá informar cualquier cambio de residencia.
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La jueza Breckle fue clara sobre las consecuencias del incumplimiento. “Si no cumplen con lo acordado, el proceso se reanudará en su estado original y se avanzará hacia el juicio común”, remarcó ante los imputados, dejando constancia de que la decisión definitiva será comunicada en un plazo de cinco días hábiles.
El caso generó atención en la zona debido al impacto del robo de cables en Playa Unión, que dejó sectores sin servicio eléctrico y motivó reclamos de vecinos. La magistrada subrayó que las medidas impuestas buscan reparar el daño y prevenir nuevas conductas delictivas.
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El acuerdo incluyó también la obligación de los imputados de mantener reglas de conducta razonables, bajo supervisión judicial. El cumplimiento será evaluado periódicamente para garantizar que la reparación social sea efectiva.
Con esta resolución, el proceso penal podría quedar suspendido en términos prácticos, pero bajo la vigilancia de la justicia. El esquema busca evitar nuevas reincidencias y, a la vez, aportar un beneficio concreto a la comunidad mediante el trabajo solidario y las donaciones.
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