Allanamientos en Trevelin, Esquel y CABA por investigación de presunta estafa millonaria con carne vacuna

Policiales28/08/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Frigorífico
Frigorífico

Una investigación judicial por presunta estafa, desbaratamiento de empresa y otros delitos derivó este jueves en una serie de allanamientos simultáneos en la provincia de Chubut y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por un juez penal a pedido del Ministerio Público Fiscal y se concentraron en un frigorífico de Trevelin, varios domicilios de Esquel y residencias en distintos barrios porteños.

La causa se originó a partir de la denuncia de un ganadero, quien aseguró que un grupo de personas se organizó en torno a distintas sociedades comerciales para comprar ganado y comercializar carne vacuna. Según la presentación, los acusados habrían generado un esquema de confianza con productores de la región, que incluyó operaciones iniciales pagadas en tiempo y forma, hasta que las ventas crecieron y comenzaron los incumplimientos.


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La investigación sostiene que tras haber asegurado grandes cantidades de hacienda, los denunciados dejaron de pagar a los productores y transfirieron bienes y capital de las empresas involucradas con la intención de evitar afrontar las deudas contraídas. De esta manera, se habría configurado una maniobra destinada a vaciar las firmas y perjudicar directamente a los ganaderos.

Los allanamientos apuntaron a recolectar documentación clave para reconstruir el circuito económico de las operaciones. Entre los elementos buscados se encuentran libros de actas societarias, chequeras, facturas, registros contables y extractos bancarios, que podrían dar cuenta del flujo de dinero y de las transacciones realizadas por las compañías bajo sospecha.


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Además de los documentos en soporte papel, los investigadores pusieron el foco en equipos electrónicos como computadoras, discos rígidos y teléfonos celulares. El objetivo es acceder a información digital que permita establecer comunicaciones internas, movimientos financieros y eventuales transferencias de fondos hacia terceros.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la recolección de pruebas busca determinar no solo la existencia de la estafa, sino también el destino final del dinero obtenido a partir de la presunta maniobra. La hipótesis es que parte de los fondos fueron retirados de las empresas a través de operaciones de vaciamiento patrimonial, lo que complicaría aún más la situación de los imputados.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que estas diligencias constituyen una primera etapa de la investigación y que, en función de los resultados, se podrían ordenar nuevas medidas. “Es fundamental asegurar toda la documentación posible antes de que desaparezca”, explicaron los investigadores al justificar la urgencia de los operativos.


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Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la policía de Chubut, con la colaboración de divisiones especializadas en delitos económicos. En la Ciudad de Buenos Aires se sumó personal de fuerzas federales para cumplir con las órdenes de allanamiento en domicilios particulares vinculados a los sospechosos.

Hasta el momento, no se informó sobre detenciones, ya que el eje de esta etapa está puesto en la obtención de pruebas materiales y digitales que permitan sustentar la imputación formal contra los acusados. La Fiscalía analiza si, con los elementos reunidos, corresponde avanzar hacia pedidos de indagatoria.

En la región cordillerana, la noticia generó fuerte repercusión entre los productores, que desde hace tiempo venían advirtiendo sobre maniobras irregulares en el circuito de compra y venta de hacienda. Varios ganaderos afectados se sumaron a la causa como querellantes, con el objetivo de recuperar parte de lo perdido.


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El frigorífico de Trevelin, uno de los lugares allanados, es señalado como epicentro de la actividad investigada. Allí se habrían canalizado operaciones de faena y distribución de carne que, según la denuncia, sirvieron de pantalla para sostener la maniobra de fraude.

La investigación avanza en un contexto en el que las asociaciones de productores reclaman mayores controles sobre la actividad ganadera. La sospecha de que las empresas denunciadas funcionaban como un esquema de fachada para captar hacienda sin intención de pagarla refuerza la preocupación en el sector.

Con los allanamientos en marcha, la Fiscalía busca establecer la trazabilidad del dinero y definir la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados. El caso, que comenzó con la denuncia de un solo productor, hoy se perfila como una trama con múltiples damnificados y proyección judicial a largo plazo.

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