Casanello levantó el secreto bancario de Spagnuolo y de empresarios de Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello resolvió levantar el secreto bancario y fiscal del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, de Daniel Garbellini y de los dueños de la droguería Suizo Argentina. La medida apunta a seguir la ruta de presuntos sobornos vinculados a licitaciones de medicamentos.

La decisión alcanzó a los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la firma. El fiscal Franco Picardi había solicitado la medida y acompañó al magistrado durante los allanamientos realizados en la Andis y en la sede de la droguería.

Los operativos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se extendieron por varias horas debido a la escasa colaboración de la empresa. De las oficinas de Núñez se incautaron libros contables, registros digitales y correos laborales, mientras que en la Andis, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1400, se copiaron servidores completos.

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En los domicilios de los hermanos Kovalivker en Nordelta, los investigadores encontraron 266.000 dólares y siete millones de pesos dentro de un automóvil. Además, hallaron cajas fuertes abiertas y vacías, lo que reforzó la sospecha de un vaciamiento previo a la llegada de los agentes.

La investigación también derivó en oficios dirigidos a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y el Banco Central. El juez ordenó además bloquear el acceso a cajas de seguridad pertenecientes a los investigados.

En el expediente se mencionan audios que vinculan a la droguería con un esquema de retornos en las compras públicas de medicamentos. Allí aparecen los nombres de Karina Milei y de Eduardo “Lule” Menem como supuestos beneficiarios, algo que el Gobierno desmintió al calificarlo como una operación política.

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Los allanamientos recientes forman parte de la segunda etapa de procedimientos en esta causa. La pesquisa apunta a desentrañar un entramado de corrupción que, según la hipótesis judicial, involucraría a exfuncionarios, empresarios y posibles intermediarios en la distribución de fondos.

La Justicia ahora analiza la abundante evidencia digital incautada y los datos financieros que surjan de los informes solicitados a los organismos de control. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y establecer responsabilidades en una trama que combina poder político, compras estatales y el rol de proveedores privados.

Fuente: LA NACION.