La Defensa Pública alertó por riesgos de espionaje en el proyecto de ciberdelito
Chubut01/09/2025
Sergio Bustos
Polémica por la investigación ciber.
El debate por el proyecto de ley de ciberdelito sumó un pronunciamiento de la Defensa Pública, que advirtió sobre los peligros de avanzar con una normativa sin precisiones claras.
El defensor general alterno Jorge Benesperi reconoció que el Estado necesita herramientas modernas para investigar delitos digitales, aunque planteó que esas facultades deben tener límites.
“Toda medida debe contar con un control judicial previo”, señaló Benesperi, al remarcar que el acceso a datos personales no puede quedar librado a la discrecionalidad de un funcionario.
Uno de los puntos más polémicos es el uso de agentes encubiertos virtuales, con la posibilidad de ingresar en conversaciones privadas, billeteras electrónicas e incluso identificar preferencias políticas o religiosas.
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Para la Defensa Pública, ese escenario abre la puerta a un riesgo concreto: el espionaje sin control y la vulneración de derechos fundamentales.
“Estamos de acuerdo con la ley, pero con controles claros. El juez siempre debe ser el garante”, subrayó Benesperi, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de establecer parámetros legales estrictos.
El funcionario también reclamó que la normativa defina con precisión qué es evidencia digital y que toda información que no esté vinculada a la investigación sea destruida de inmediato.
De lo contrario, advirtió, se generará un volumen de datos personales almacenados sin justificación, lo que puede convertirse en un problema mayor para la privacidad ciudadana.
Otro punto planteado fue la capacitación permanente: “Jueces y fiscales deben actualizarse de manera constante en materia de ciberdelito”, sostuvo, al considerar que el conocimiento técnico es indispensable para aplicar la ley con criterio.
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En su análisis, Benesperi alertó que la falta de definiciones puede derivar en un escenario complejo. “Si no se corrigen los vacíos legales, se generará un sinfín de presentaciones judiciales”, anticipó.
El defensor explicó que cada causa podría terminar paralizada por planteos de nulidad, lo que no solo demoraría los procesos sino que pondría en duda la validez de la prueba digital.
El planteo no implica un rechazo al proyecto, sino una invitación a introducir correcciones antes de su aprobación definitiva en el Congreso.
La Defensa Pública busca que la norma sirva para combatir el ciberdelito, pero sin habilitar mecanismos que luego se conviertan en herramientas de persecución política o social.
Benesperi insistió en que la privacidad no puede ser sacrificada bajo el argumento de la modernización, porque “la intimidad es un derecho que debe estar siempre por encima de cualquier herramienta de investigación”.
Con este pronunciamiento, el debate legislativo suma un nuevo capítulo, en el que la defensa de los derechos individuales aparece como contrapeso a la urgencia de actualizar el marco legal frente al delito digital.
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