El debate por el proyecto de "ciberpatrullaje" abre dudas sobre garantías constitucionales

El proyecto de ciberpatrullaje que ingresó recientemente a la Legislatura provincial generó inquietud en el ámbito jurídico. Gustavo Cruz, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, sostuvo en diálogo con El Quinto Poder por #LA17 que “se advierte una amplia discrecionalidad en el marco de la investigación que raya los límites de la constitucionalidad”.

La iniciativa busca modernizar las investigaciones judiciales mediante nuevas herramientas digitales, pero, según Cruz, el texto incluye medidas que antes solo podían disponerse con autorización judicial. “El proyecto permite aplicar restricciones a libertades individuales sin la intervención de un juez”, afirmó.

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Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de monitorear comunicaciones, intervenir líneas telefónicas y hasta restringir fondos en casos de delitos económicos. Para el Colegio de Abogados, estas medidas implican un riesgo de violación a la intimidad de las personas.

Cruz advirtió que los colegios profesionales no fueron convocados a debatir la iniciativa. “Deberíamos haber sido llamados a participar para aportar propuestas y observaciones”, señaló, y agregó que la ausencia de voces externas empobrece la discusión.

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Otro aspecto polémico es el artículo que habilita el uso de la fuerza física indispensable para desbloquear dispositivos electrónicos. El presidente del Colegio consideró que “es una clara violación de garantías constitucionales” y planteó la necesidad de un debate más profundo sobre los alcances de esta facultad.

La defensa pública también manifestó reparos sobre la propuesta, al advertir que se trasladan potestades propias de los jueces hacia los fiscales, generando un desbalance en el proceso judicial. Para Cruz, “el problema no son las herramientas, sino quién las aplica y bajo qué controles”.

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El abogado remarcó que ya existen figuras legales para actuar en situaciones de inmediatez, sin necesidad de habilitar mecanismos que puedan habilitar excesos. “En casos de flagrancia la policía puede intervenir y luego se regulariza en el proceso”, explicó.

Finalmente, Cruz llamó a garantizar transparencia y participación de todos los actores en la discusión. “Se trata de normas que afectan derechos colectivos y requieren consensos amplios”, concluyó.