La cesión de los terrenos al IPVyDU cerró la etapa municipal. El organismo provincial deberá licitar las casas para familias que aportaron desde 2014.
Treinta y tres familias de Trelew dejaron atrás el obstáculo administrativo que mantenía frenado su proyecto habitacional desde 2014. La Municipalidad promulgó la Ordenanza N° 14144, necesaria para transferir los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. El próximo paso quedará ahora en manos del organismo provincial, que deberá iniciar el procedimiento para contratar la construcción.
La decisión municipal no implica que las máquinas comiencen a trabajar de manera inmediata. Antes deberán completarse la programación habitacional, la licitación, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de la obra. El expediente superó una instancia determinante, aunque las 33 viviendas todavía no tienen una fecha confirmada de inicio.
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Las familias beneficiarias habían realizado los aportes requeridos para comprar los terrenos mediante una operatoria impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Los lotes estaban cancelados desde hacía años, pero la documentación necesaria para incorporarlos al programa provincial nunca quedó regularizada. Esa situación impidió pasar de la adquisición de la tierra a la construcción de las casas.
La solución adoptada establece que el Municipio reciba formalmente los inmuebles para cederlos después al IPVyDU. El Concejo Deliberante autorizó ese procedimiento mediante la Ordenanza N° 14144 y el intendente Gerardo Merino completó el circuito con su promulgación. De esa manera quedó conformada la base legal que permite al Instituto Provincial de la Vivienda intervenir sobre las parcelas.
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El esquema original preveía que el sindicato adquiriera los terrenos al Fondo Fiduciario S.A. con el dinero aportado por los adjudicatarios. Luego debían transferirse al organismo provincial para ejecutar las 33 unidades habitacionales. La falta de resolución de ese último movimiento mantuvo paralizado el proyecto durante más de una década.
Merino comunicó el nuevo estado del trámite durante una reunión con las familias realizada en el Salón Histórico Municipal. Participaron también la coordinadora general de Intendencia y Gabinete, Lorena Condinanzo, y el asesor legal Javier Caucigh. El encuentro permitió revisar las actuaciones realizadas y precisar cuáles son las instancias que todavía deberán cumplirse.
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El intendente ya había recibido a los adjudicatarios a mediados de mayo, cuando el proyecto continuaba sin una vía administrativa definida. Desde ese encuentro comenzaron a evaluarse alternativas para ordenar la titularidad de las tierras y hacer posible su transferencia. La intervención municipal se concentró en resolver una dificultad jurídica que excedía la construcción material de las viviendas.
La gestión local encuadró la medida dentro de otras actuaciones relacionadas con terrenos y soluciones habitacionales pendientes en Chacra 26, Loteo Belgrano y Costanera. En esos sectores también existen situaciones acumuladas durante años que requieren regularizaciones específicas. Cada caso presenta condiciones diferentes, por lo que la promulgación de esta ordenanza no establece una solución automática para los demás expedientes.
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Para los beneficiarios, el cambio principal consiste en que la operatoria dejó de depender de una transferencia inconclusa entre el sindicato y el organismo de vivienda. El Municipio pasó a funcionar como receptor y cedente de los inmuebles para ordenar el procedimiento. Las familias valoraron esa intervención después de haber sostenido durante años los reclamos por una obra que no podía ingresar a la etapa de contratación.
La responsabilidad operativa quedó ahora concentrada en el IPVyDU, que deberá incorporar las tierras a su planificación y preparar la licitación correspondiente. Todavía deberán definirse el presupuesto, los plazos de ejecución y las características técnicas de las unidades. La espera administrativa terminó en el ámbito municipal, pero el acceso efectivo a las casas dependerá del avance de esas decisiones provinciales.
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