Familias de víctimas viales impulsan firmas digitales para endurecer penas en el Congreso

Un grupo de padres y madres que perdieron a sus hijos en siniestros viales lanzó una junta de firmas digitales para exigir al Congreso una reforma del Código Penal. La campaña busca que los responsables no reciban condenas leves bajo la figura de “homicidio culposo”.

La iniciativa tomó fuerza en Santa Cruz a partir de un comunicado firmado por Eladia Guelet, madre de Ulises, fallecido en 2022 en Gobernador Gregores. “Es una petición que nace del dolor, pero también de la necesidad de que ninguna familia más tenga que sentir lo que nosotros sentimos”, expresó. El texto circuló masivamente por WhatsApp y redes sociales.

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El reclamo apunta a modificar los artículos 84 y 94 bis del Código Penal, proyecto que ya ingresó al Congreso. “Hoy la ley trata estos casos como accidentes inevitables, cuando en realidad hay conductas que tienen claros agravantes”, señaló Guelet, quien cuestionó que fiscales y jueces apliquen casi siempre la misma calificación.

Hasta el momento la petición reunió unas 150 firmas y crece día a día. Las familias sostienen que la tipificación actual desconoce la gravedad de situaciones vinculadas a exceso de velocidad, consumo de alcohol o maniobras temerarias, otorgando beneficios a los responsables. “Se está desvalorizando la vida humana”, advirtió Guelet.

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En Río Gallegos, Jorge Matulich, padre de Brianna, fallecida en un choque, aseguró que “más del 90% de las familias quedan disconformes con las sentencias actuales”. Incluso en su caso, donde el responsable recibió 12 años de prisión, consideró que la pena fue insuficiente. “Doce años parecen mucho, pero para todo lo que hizo, es poco. La vida de Brianna no vuelve”, sostuvo.

La campaña también sumó respaldo en El Calafate. Óscar Sánchez, padre de Alejandro “Pipi” Sánchez, expresó que “los jueces no pueden cambiar la ley por sí mismos, tiene que ser una iniciativa popular, de la gente común”. Destacó que la movilización social es el único camino para lograr cambios.

El objetivo central del proyecto es que los delitos viales con agravantes reciban sanciones más duras, evitando que los responsables accedan a libertades anticipadas o condenas reducidas. Los impulsores consideran que esto garantizaría un marco de mayor justicia para las víctimas.

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“No hay que bajar los brazos y seguir insistiendo”, insistió Matulich al remarcar que cada caso no solo representa una tragedia individual sino una deuda colectiva. Para las familias, el Congreso tiene la responsabilidad de atender un reclamo que se repite en todo el país.

Mientras tanto, la campaña digital sigue sumando apoyos y promete trasladarse a las calles con actividades públicas. Los padres aseguran que el dolor se convirtió en motor de lucha y que no se detendrán hasta que la vida de sus hijos sea reconocida con justicia.

Fuente: LU12 AM680, La Opinión Austral