Chubut suspende más de 1.700 ejecuciones fiscales para dar alivio a PyMEs y contribuyentes

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció la suspensión de más de 1.700 ejecuciones fiscales en curso, una medida de fuerte impacto en el entramado productivo provincial. La resolución, formalizada en el Boletín Oficial bajo el número 259/25, comenzó a regir el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de este año, en el marco de un plan de regularización transitoria que busca aliviar la situación de las PyMEs y de contribuyentes particulares que atraviesan un contexto económico adverso.

La decisión alcanza a quienes mantienen deudas vinculadas a Ingresos Brutos, Sellos y Tasas, pero excluye a los casos asociados a regalías, canon y multas derivadas de esos conceptos. Desde el Ejecutivo se precisó que más del 70% de las ejecuciones suspendidas corresponden a pequeñas y medianas empresas, lo que convierte a este sector en el principal beneficiado. “Las PyMEs constituyen uno de los eslabones que motorizan el trabajo en todo el territorio provincial. En un momento económicamente complejo para la Argentina, vamos a seguir trabajando para sostener la actividad con transparencia, planificación y reglas claras”, aseguró Torres.

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La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) fue la encargada de instrumentar la suspensión de los procesos judiciales, aunque el gobierno provincial aclaró que esta decisión no implica un freno total a sus facultades. La resolución establece que no se suspenderán las vías de apremio en casos de grave afectación a los intereses fiscales, ante la inminencia de la prescripción de deudas o frente a caducidades de instancia, lo que refleja un intento de equilibrar el alivio a los contribuyentes con la protección de las cuentas públicas.

En sus considerandos, la Resolución N° 259/25 recuerda que la ARECH tiene la potestad de perseguir judicialmente el cobro de los ingresos provinciales. A su vez, remarca que el régimen especial de regularización transitoria, aprobado en agosto a través de la Resolución N° 243/25, se diseñó con la intención de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. “Se trata de un instrumento que alienta a regularizar deudas y representa un alivio en el actual contexto económico”, detalla el documento oficial.

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El alcance temporal de la medida está claramente delimitado: se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre inclusive, y beneficiará únicamente a los contribuyentes que adhieran al plan de regularización vigente. En otras palabras, quienes no se sumen a esta modalidad no estarán alcanzados por la suspensión de ejecuciones, lo que introduce un incentivo adicional para formalizar la situación ante el fisco.

Desde el gobierno provincial se destacó que esta política de alivio fiscal no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar al sector privado como motor del desarrollo económico local. En este esquema, las PyMEs son vistas como actores fundamentales en la generación de empleo, en la dinamización de las economías regionales y en la construcción de un entramado productivo más sólido. “Es una herramienta que va a permitir el sostenimiento de pequeñas y medianas empresas que hoy representan más del 70% de las ejecuciones fiscales en proceso”, subrayó Torres.

La suspensión de más de 1.700 ejecuciones fiscales se inscribe así en una política de alivio que busca evitar que las deudas acumuladas se conviertan en una traba insalvable para cientos de empresas que sostienen gran parte del empleo privado en Chubut. El desafío, hacia adelante, será consolidar mecanismos de regularización que garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin ahogar al tejido productivo, en un contexto económico nacional marcado por la incertidumbre.