La Justicia avaló la querella de afiliados de ATE en la causa por fraude sindical contra Quiroga

El Tribunal de Rawson, conformado por los jueces Martín O´Connors y Ricardo Rolón, resolvió este lunes rechazar los planteos presentados por la defensa de Guillermo Quiroga y de su ex esposa Mirta Simone, quienes buscaban limitar la participación de los afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado en calidad de querellantes dentro de la causa por presunta administración fraudulenta. La decisión confirma la resolución previa de la jueza Eve Ponce y marca un precedente sobre la amplitud del derecho de las víctimas a intervenir activamente en procesos judiciales que afectan intereses colectivos.

En la audiencia anterior, la magistrada había habilitado a Claudia Barrionuevo, Analia González y Luciano López, afiliados de ATE, a constituirse como querellantes. Estos se encuentran representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría, quienes sostuvieron que sus asistidos poseen un interés directo en el avance de la investigación.

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La defensa, encabezada por el letrado Óscar Romero, objetó esta decisión con el argumento de que permitir la intervención de los tres afiliados podría abrir la posibilidad de que más de 12 mil integrantes del gremio solicitaran la misma condición.

Los jueces de revisión desestimaron esa postura al considerar que el artículo 98 inciso 1 del Código Procesal Penal debe interpretarse en forma amplia, con el fin de garantizar la participación de quienes se reconocen como víctimas. Indicaron que restringir la querella únicamente a la Asociación de Trabajadores del Estado como persona colectiva podría vulnerar los derechos de los afiliados individualmente afectados.

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 Además, remarcaron que limitar la participación sería especialmente riesgoso teniendo en cuenta que Quiroga aún ocupa el cargo máximo dentro del sindicato, lo que podría condicionar una eventual decisión de la organización de no presentarse en el expediente.

Los fiscales generales de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Julieta Gamarra y Lucas Papini, habían sostenido desde el inicio que la participación de los tres denunciantes era plenamente legítima. Para el Ministerio Público Fiscal, resulta indispensable asegurar que los afiliados que denuncian irregularidades en el manejo de fondos sindicales tengan voz en las audiencias y acceso a la información del expediente. Además, plantearon la necesidad de que Quiroga concurra a las próximas instancias, ya que se ausentó en la audiencia de revisión y su presencia es obligatoria para garantizar el normal desarrollo del proceso.

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La investigación en curso imputa a Guillermo Quiroga y a Mirta Simone por el presunto delito de administración fraudulenta continuada. Según la acusación, habrían desviado fondos provenientes de las cuentas de la organización sindical hacia cuentas personales vinculadas a la familia, recursos que habrían sido utilizados para el pago de tarjetas de crédito y otros gastos domésticos. Los fiscales señalaron que el presunto desvío constituye un perjuicio directo para los afiliados de ATE, ya que se trataría de aportes sindicales utilizados con fines ajenos a la institución.

Con este fallo, el Tribunal no solo reafirmó la resolución dictada por la jueza Ponce, sino que también envió un mensaje sobre la importancia de la transparencia institucional y el acceso a la Justicia para quienes denuncian irregularidades. La decisión habilita a los afiliados a seguir como querellantes, reforzando la idea de que la participación ciudadana y sindical en los procesos judiciales fortalece el control sobre los actos de quienes administran recursos colectivos.

Fuente: MPF Chubut