Bolivia aplicará "mano dura" tras la toma ilegal de una mina en Potosí

El Gobierno de Bolivia advirtió que no tolerará la ocupación irregular de yacimientos y anunció sanciones contra quienes participaron en la toma de la mina Reserva-Tres Amigos, ubicada en el departamento de Potosí. “Es un delito que está penado por la ley. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento”, afirmó el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos.

El episodio ocurrió a fines de agosto, cuando un centenar de cooperativistas ingresó con vehículos de alta gama a la comunidad de Jayaquila, situada a una hora de la ciudad de Potosí, y tomó el control del yacimiento sin autorización legal. La acción fue considerada por el gobierno como un acto de avasallamiento que atenta contra la institucionalidad del sector.

Santos recordó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es la única entidad habilitada para otorgar contratos de operación y advirtió que los grupos que actúan fuera de ese marco deberán responder ante la justicia. “Cada quien debe trabajar en su área asignada. Aquí es prohibido avasallar”, enfatizó.

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El incidente volvió a exponer las tensiones que atraviesan la minería boliviana, un sector donde conviven cooperativas, empresas estatales y privadas en una relación marcada por conflictos recurrentes y disputas por la explotación de yacimientos ricos en plata, zinc y estaño.

En este contexto, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) anunció una movilización nacional hacia La Paz. La marcha, prevista para el jueves, busca visibilizar el rechazo a estas tomas ilegales y exigir al Estado una respuesta más firme frente a quienes practican el llamado “juqueo delincuencial”.

En un comunicado, el gremio minero sostuvo que estas acciones irregulares afectan la estabilidad laboral y el aporte económico del sector. “El juqueo delincuencial pone en riesgo la estabilidad laboral del sector y favorece a grupos que no aportan al país”, expresaron desde la FSTMB.

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Las autoridades reconocen que la problemática no es nueva y que el avance de grupos informales genera un impacto directo en la recaudación estatal y en la seguridad de las comunidades aledañas a los yacimientos.

Fuente: NA.