Declaró el gendarme que hirió al fotógrafo Pablo Grillo en una marcha frente al Congreso

El gendarme Héctor Guerrero llegó este miércoles a los tribunales de Comodoro Py poco antes de las diez de la mañana y permaneció cerca de una hora en el tercer piso, donde fue indagado en la causa que investiga los hechos ocurridos el 12 de marzo en inmediaciones del Congreso. El expediente busca esclarecer el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido mientras cubría una marcha de jubilados.

En las puertas del edificio judicial se desarrolló una clase pública y una muestra fotográfica organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Familiares, amigos y colegas de Grillo reclamaron justicia bajo la consigna de “libertad de expresión y derecho a la protesta”, en un acto donde se exhibió incluso la última foto tomada por el reportero antes de ser herido.

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Fabián Grillo, padre del fotógrafo, participó del evento y habló de la evolución de su hijo tras varios meses de hospitalización. “Ayer incluso discutió conmigo y eso es bueno”, expresó con alivio, al destacar que el reportero muestra una actitud más receptiva y empieza a recuperar autonomía en su vida cotidiana.

La calificación legal de la causa cambió a lo largo de la investigación. En un principio se trató de una averiguación de delito, pero fue modificada a homicidio en grado de tentativa debido al agravamiento del estado clínico de la víctima. Esta decisión marcó un giro en la investigación y en la responsabilidad de los imputados.

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El informe pericial determinó que Guerrero utilizó una pistola lanzagases marca Federal y Halcón, modelo Unic, munición calibre 38.1 mm. La División Balística de la Policía de la Ciudad y los expertos de la querella descartaron que se hubiera disparado de forma oblicua al suelo, como lo exige el protocolo oficial, y confirmaron que el proyectil fue lanzado en ángulo horizontal, lo que elevó el riesgo de causar lesiones graves.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió públicamente el accionar de la Gendarmería, asegurando que los efectivos actuaron bajo las normas vigentes. No obstante, la reconstrucción balística demostró que el disparo no siguió las directrices del manual, ya que de haberlo hecho, el cartucho jamás habría impactado en el lugar donde se encontraba Grillo.

La polémica sobre el accionar de las fuerzas federales volvió a instalarse en la agenda política y social. El uso del protocolo antipiquete, los métodos de dispersión y las responsabilidades en la cadena de mando se encuentran bajo cuestionamiento en el marco de la causa judicial.

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En un expediente conexo, también declaró el oficial de la Prefectura Naval, Sebastián Martínez, acusado de las lesiones sufridas por Jonathan Navarro, un manifestante que perdió la visión de un ojo en la misma jornada. El prefecto aseguró que actuó siguiendo reglamentos, aunque la reconstrucción del disparo con un arma Byrna modelo TCR demostró que se hizo a corta distancia y en una zona prohibida del cuerpo.

Martínez evitó responder preguntas y solo presentó un descargo inicial, reservándose la posibilidad de ampliar su testimonio más adelante. En su breve declaración mencionó además las dificultades económicas que atraviesan los uniformados, lo que fue interpretado por la querella como una estrategia de victimización ajena al hecho investigado.

El expediente avanza con múltiples pericias y testimonios que buscan establecer responsabilidades individuales y colectivas en los hechos del 12 de marzo. La causa se transformó en un emblema del reclamo por el respeto a la libertad de prensa, la seguridad de los manifestantes y el control efectivo sobre las fuerzas de seguridad federales.