La Provincia expulsó de la administración pública a la ex ministra Cecilia Torres Otarola

Torres Otarola, que ocupó la cartera de Familia durante el gobierno de Mariano Arcioni, recibió una condena a 2 años y 8 meses de prisión junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia la halló responsable de delitos de defraudación contra la administración provincial y de exacciones ilegales, en el marco de un esquema de contrataciones irregulares que permitió a personas cobrar sueldos del Estado sin prestar servicios.

El decreto provincial, firmado también por el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, establece la expulsión con base en lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Salud y la Ley I N° 74. La medida se apoya en un sumario administrativo que concluyó que la ex funcionaria carece de la “idoneidad moral” exigida para permanecer en la administración pública.

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“Como dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado”, afirmó Ignacio Torres. El mandatario agregó que esta decisión “no es solo un acto de Justicia, sino una deuda saldada con todos los chubutenses que fueron los principales perjudicados por el accionar de Torres Otarola”.

El texto del decreto subraya que los hechos acreditados en el expediente penal, sumados a la condición de funcionaria que ostentaba al momento de los ilícitos, provocaron un daño grave en la imagen del Estado provincial y del sistema de salud pública en particular. En esa línea, sostiene que la permanencia de la ex ministra como agente estatal resultaba incompatible con los principios básicos de transparencia y ética pública.

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La causa “Ñoquis Calientes” reveló un esquema mediante el cual se contrataba personal en condiciones irregulares, que percibía haberes sin cumplir tareas dentro de la administración provincial. Según la sentencia judicial, estas maniobras constituyeron una defraudación al erario público y reflejaron un patrón de corrupción estructural durante la gestión anterior.

Con esta decisión, el gobierno de Ignacio Torres busca dar una señal política de firmeza frente a los casos de corrupción y consolidar un criterio de “tolerancia cero” dentro del Estado provincial. El propio mandatario destacó que la medida representa un paso clave para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los funcionarios y agentes públicos cumplan con los estándares de idoneidad técnica y moral que exige la función pública.