Diputados impulsan la destitución de Guillermo Francos por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

La crisis política sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Diputados de Encuentro Federal avanzaron con una moción de censura para destituir a Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete. La acusación central: incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.

El proyecto fue impulsado por el cordobés Oscar Agost Carreño, que no dudó en marcar la gravedad del caso. “El Gobierno rompió el estado de derecho”, escribió en la red social X. El legislador cuestionó que Francos suspendiera la aplicación de la norma cuando estaba obligado a reasignar partidas para garantizar su vigencia.

La iniciativa no quedó en soledad. La moción lleva las firmas de Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón, referentes cercanos a Miguel Pichetto. Con esta movida, el bloque busca exponer al Gobierno en un tema sensible y con alta carga social.

La Constitución habilita el mecanismo. Según el artículo 101, un jefe de Gabinete puede ser removido si la moción de censura alcanza la mayoría absoluta en ambas cámaras. La oposición cree que el número es alcanzable en un escenario de creciente tensión política.

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El origen del conflicto fue el decreto 681/25. El Gobierno promulgó la ley, pero al mismo tiempo suspendió sus efectos alegando falta de financiamiento y condicionó su aplicación al Presupuesto 2026. Para la oposición, se trata de un artilugio inconstitucional que vacía de contenido una norma ya vigente.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, se sumó a las críticas. “Con el Decreto 681/2025 el Presidente incurre en nulidad absoluta. No puede inventar un procedimiento nuevo para suspender leyes aprobadas por el Congreso”, advirtió.

Ferraro remarcó que la Constitución es clara. “La ley de emergencia en discapacidad obliga al jefe de Gabinete a reasignar partidas. No puede excusarse: debe priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad”, expresó.

El tema generó impacto en la sociedad civil. Organizaciones de personas con discapacidad reclamaron el cumplimiento inmediato de la norma. La falta de financiamiento para programas básicos, terapias y servicios de atención profundiza la presión sobre el Gobierno.

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En la oposición aseguran que la jugada oficial se explica por la tensión fiscal. Con el Presupuesto 2026 en discusión, el Ejecutivo intenta reducir gastos y ganar tiempo en un año marcado por los vencimientos con el FMI. Pero la decisión de condicionar una ley social encendió alarmas en todo el arco político.

El avance parlamentario contra Francos es inédito. Nunca antes un jefe de Gabinete estuvo tan cerca de ser removido por moción de censura. La votación se anticipa como una prueba de fuego para el oficialismo en plena campaña legislativa.

Desde el Gobierno insisten en que la medida responde a la falta de recursos y que la aplicación será garantizada en cuanto exista financiamiento. Sin embargo, la explicación no calma los ánimos en el Congreso ni en las organizaciones que esperan respuestas inmediatas.

El bloque de Encuentro Federal busca capitalizar la coyuntura. La movida lo coloca en el centro de la escena y lo posiciona como un actor clave en el equilibrio de fuerzas legislativas. El mensaje es claro: la democracia no admite atajos ni excusas.

La presión sobre Francos se suma a la tensión política que ya arrastra la Casa Rosada con los gobernadores y con sectores de la oposición parlamentaria. La sesión en Diputados será determinante para saber si el oficialismo logra retener a uno de sus hombres fuertes o si se convierte en el primer jefe de Gabinete destituido por el Congreso.

Mientras tanto, la sociedad civil observa con atención. El futuro político de Francos se definirá en el recinto, pero el trasfondo es el derecho de las personas con discapacidad, que esperan que una ley aprobada por mayoría no quede en letra muerta.