Proponen test antidrogas obligatorios para todos los funcionarios públicos de La Pampa

En la Cámara de Diputados de La Pampa ingresó un proyecto que obliga a funcionarios de todos los niveles a realizarse test toxicológicos de manera periódica. La iniciativa fue impulsada por legisladores de distintos bloques opositores y apunta a reforzar la ejemplaridad en un contexto de creciente preocupación social por el avance del narcotráfico.

El texto lleva la firma de Hipólito “Poli” Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno, de la UCR; Noelia Viara y Celeste Rivas, de PRO-MID; y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada. “La sociedad demanda integridad y coherencia de sus representantes, especialmente frente a problemáticas tan graves como el narcotráfico”, remarcaron los autores.

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La propuesta establece que deberán someterse a los controles el gobernador, el vicegobernador, ministros, subsecretarios, legisladores, jueces, autoridades policiales, integrantes de entes autárquicos y sociedades del Estado. Los análisis estarán a cargo del Ministerio de Salud y se repetirán todos los años, bajo la supervisión de una comisión fiscalizadora integrada por el Colegio Médico, la UNLPam, el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y representantes de las minorías legislativas.

El proyecto también contempla la posibilidad de contrapruebas en caso de resultados positivos. Las medidas previstas incluyen licencias, suspensión e incluso el cese en las funciones, aunque siempre respetando la Constitución y las normativas vigentes. De manera paralela, se garantiza asistencia sanitaria para quienes atraviesen consumos problemáticos.

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Para los legisladores, el consumo de drogas afecta la capacidad de juicio y limita la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones que impactan en toda la provincia. “No se puede exigir a la ciudadanía cumplir con la ley si quienes deben dar el ejemplo no están libres de condicionamientos”, subrayaron en los fundamentos.

En los argumentos también se advierte que la iniciativa busca consolidar una política de Estado en tiempos donde la presencia del narcotráfico se vuelve más visible. Los impulsores sostienen que es necesario contar con funcionarios íntegros, con plena libertad de acción y sin dependencias que condicionen su tarea.

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Los diputados firmantes remarcaron que la intención no es punitiva sino preventiva. Se trata de un mecanismo de control para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, pero también de un instrumento de acompañamiento desde la salud pública para quienes lo requieran.

Fuente: Diario La Arena