CRECE EL RECHAZO AL NUEVO INTENTO DE INSTALAR LA CENTRAL NUCLEAR

Desde el arco opositor político y desde los ambientalistas surgieron las críticas a la postura de Nación que irá a la Justicia para lograr el permiso.

Actores ambientalistas y la oposición política reaccionaron rápidamente ante la insistencia del gobierno nacional para la instalación de una central Nuclear en Río Negro, previendo -inicialmente- lograr la neutralización de la ley de prohibición, promulgada en septiembre pasado.

La senadora Magdalena Odarda, los legisladores peronistas Nicolás Rochás y Mario Sabbatella, como también agrupaciones ambientalistas rechazaron la postura del presidente Mauricio Macri que ratificó su “interés” por lograr ese asentamiento en el territorio rionegrino, puntualmente, en Sierra Grande.

Así, se lo reiteró el miércoles al gobernador Alberto Weretilneck cuando lo recibió en Villa La Angostura y, dos días después, lo repitió frente a sus diputados Sergio Wisky y Lorena Matzen.

Nación -conjuntamente con sus referentes en la provincia- y el intendente serrano, Nelson Iribarren estudian las opciones judiciales para neutralizar la prohibición planteada por la ley 5227, promulgada en septiembre pasado.

Ayer, el jefe comunal ratificó que un equipo jurídico trabaja contra reloj para la presentación a “fines de enero o principio de febrero” en la Justicia.

Mientras tanto, movimientos ambientalistas -como el MAR- se juntaron en la Catedral de Viedma y retomaron actividades frente a las acciones que reavivan el debate de la central nuclear. Ya se fijaron diferentes labores, incluso se cumplió el sábado una importante movida al arribo de la Regata, en la Costanera de Viedma.

Justamente este grupo es el que más fuerza hizo por que se frene la instalación de la central, con acciones muy intensas como cuando llegó la delegación china a la provincia a explorar posibles asentamientos.

En un comunicado, Odarda calificó el hecho como “intromisión de la Nación a la autonomía provincial, y un desconocimiento de la ley vigente en Río Negro”. Afirmó que la planta nuclear “no tiene licencia social”, planteando que “el 75% de Sierra Grande optó por abstenerse de votar en la cuestionada consulta. Insistir -agregó- es desconocer la voluntad de gran parte de la población de la extensa zona costera, pero también en el resto del territorio que mira con repudio esta decisión”. Recordó de la existencia de “un gran número de áreas marinas protegidas” en “toda la costa atlántica rionegrina y que los municipios de Sierra Grande, Viedma y San Antonio Oeste “son municipios declarados no nucleares”.

 

Fuente: RíoNegro