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Las resolución fue dictada por la jueza en lo Penal Dra. Stella Eizmendi y es un fallo único en el marco de una causa por violencia de género radicada en el Juzgado de Familia de la Dra. Delma Viani. La condena es de 2 años de prisión en suspenso.

“Es la primera vez que se logra una condena de este tipo en el marco de una causa de violencia de género”, dijo la fiscal del caso María Alejandra Hernández destacando la labor del Juzgado de Familia que dirige Delma Viani.

La Dra. Delma Viani explicó el origen de la causa y las reiteradas violaciones e incumplimientos por parte de Damián Parra Rojas, de 40 años, quien fue sentenciado por los delitos de “desobediencia (cuatro hechos) y violación de domicilio, cometidos en contexto de violencia de género”.

 

Para la acusación, la fiscalía se basó en la Convención de Belén Do Pará y la Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

El caso comenzó en el Juzgado de Familia Nº 2, a cargo de Delma Viani, quien dispuso una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros de Parra Rojas respecto a su ex pareja, por 15 días, bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.

El sujeto incumplió la medida e irrumpió en el domicilio para llevarse al hijo común entre ambos.  La jueza ordenó que Parra Rojas permanezca en la Comisaría detenido tres horas diarias durante quince días, medida que también incumplió.

Se volvió a dictar una nueva Prohibición de Acercamiento por el plazo de 30 días. Pero ese mismo día, ingresó al domicilio de su expareja, de donde fue retirado por la policía. Y a las pocas semanas nuevamente ingresó al domicilio incumpliendo una vez más la orden del Juzgado de Familia.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención y solicitó su detención. En el marco de la causa penal, la fiscal María Alejandra Hernández lo acusó y se dispuso que quede detenido en prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

Finalmente, el sujeto reconoció su culpabilidad y fue condenado mediante juicio abreviado a la pena de dos años de prisión.

El artículo 239 del Código Penal argentino reprime “con prisión de quince días a un año” al que “desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.