LA TENSIÓN CRECE EN LOS ALERCES POR DESALOJO DE LOF PAILLAKO

La comunidad mapuche Lof Paillako confirmó que resistirá el desalojo de las tierras que ocupa desde 2020 en el Parque Nacional Los Alerces. Convocaron a otras organizaciones para apoyarlos en su permanencia.

“Hacemos un llamado a toda la sociedad, comunidades y organizaciones, a expresar el rechazo contundente y de manera urgente a esta decisión” manifestaron en un comunicado.

El conflicto escaló luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desestimara la postergación del desalojo que había dispuesto el juez Guido Otranto.

La comunidad cuestionó esta decisión judicial, asegurando que refleja una supuesta connivencia entre los poderes políticos y judiciales. “Es una clara señal de la ilegalidad” denunciaron.

En 2020, Ernesto Cruz Cárdenas y otros miembros de la Lof Paillako ocuparon la seccional de guardaparques El Maitenal, argumentando la recuperación de tierras ancestrales. Esta acción provocó renuncias en Parques Nacionales, como la del guardaparque Gustavo Machado, quien dirigía la seccional en ese momento.

El juez Otranto ordenó la restitución de las tierras a Parques Nacionales. La Cámara Federal avaló esta medida, lo que generó más tensiones.

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Antes de ejecutar el desalojo, el juez convocará a los ocupantes a una audiencia previa. Buscará que abandonen el lugar voluntariamente para evitar enfrentamientos.

“Serán instados a que se retiren por su propia voluntad” adelantó el magistrado. Sin embargo, si no lo hacen, el plan de desalojo se activará.

En las tierras en litigio residen familias con niños menores, lo que añade complejidad al caso. Las autoridades buscan evitar incidentes con las fuerzas federales.

La administración de Parques Nacionales intimó a la Lof Paillako a abandonar el territorio en junio de este año. El caso pasó al juzgado en julio y el desalojo se ordenó en agosto.

El expediente atravesó múltiples apelaciones. La comunidad argumenta derechos ancestrales y la vigencia de la ley 26.160 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pese a sus argumentos, la fiscalía confirmó que el ingreso al predio se produjo de forma violenta, lo que debilita su posición judicial.

“En los próximos días es muy posible que se presenten en el territorio las fuerzas federales para intimarnos a abandonar nuestras rukas,” advirtieron desde la comunidad.

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La comunidad convocó a otras agrupaciones para acompañar su resistencia en el territorio. La intención es frenar el accionar de las fuerzas de seguridad.

El litigio también pone en debate el rol del Estado en la resolución de conflictos territoriales. Durante la gestión de Alberto Fernández, no se llegó a una solución definitiva.

El caso reaviva las tensiones por la aplicación de la ley 26.160, que busca proteger derechos territoriales de comunidades indígenas. “La ley tiene vacíos legales que generan confusión y controversias,” señalaron especialistas en derecho indígena.

Parques Nacionales busca recuperar las tierras para mantener su rol de conservación. Este objetivo choca con las reivindicaciones de la comunidad mapuche.

El juez Otranto aseguró que su prioridad es garantizar una restitución ordenada y sin incidentes. Las familias en el predio plantean dudas sobre su futuro inmediato.

Las organizaciones convocadas por la comunidad prometen movilizarse en el lugar. La tensión crece mientras se acerca la fecha del eventual desalojo.