ENJUICIAN A GREENPEACE POR CAUSAR PERJUICIOS A UNA EMPRESA
Uno de los jurados trabajó para una compañía ligada al oleoducto en disputa. La organización enfrenta una demanda millonaria en Dakota del Norte.
El juicio contra Greenpeace en Dakota del Norte enfrenta una controversia inesperada. Uno de los jurados tiene vínculos con una empresa que posee parte del oleoducto en cuestión.
La ONG enfrenta una demanda de 300 millones de dólares. Energy Transfer la acusa de haber causado perjuicios por sus protestas contra el Dakota Access Pipeline.
El vínculo del jurado con MPLX se descubrió con el juicio ya iniciado. Durante un testimonio, el jurado recordó que su trabajo podría estar relacionado con MPLX.
MPLX tiene participación en una sociedad que opera el oleoducto. El jurado reconoció que algunas de sus horas laborales eran facturadas a esta empresa.
El juez no lo apartó del proceso. Tras una reunión con los abogados, decidió que el jurado podía seguir.
Greenpeace intentó cambiar la sede del juicio. Argumentó que en Dakota del Norte los jurados podrían tener sesgos proindustria petrolera.
El pedido fue rechazado. La ONG temía un fallo parcial, pero la corte negó la solicitud.
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El Tribunal Supremo del estado rechazó transmitir el juicio en vivo. The New York Times, The Washington Post y otros medios habían pedido más transparencia.
Energy Transfer acusa a Greenpeace de haber causado pérdidas millonarias. Asegura que la ONG promovió protestas que afectaron el proyecto.
Greenpeace niega los cargos. Sostiene que solo apoyó manifestaciones de comunidades indígenas y activistas ambientales.
La empresa usó la ley contra organizaciones criminales en su demanda inicial. En 2019, un juez federal desestimó el caso.
El estado de Dakota del Norte permitió que el juicio avanzara. La economía local depende en gran parte de la industria de los combustibles fósiles.
La defensa de Greenpeace cuestionó la imparcialidad del jurado. Un abogado ambientalista advirtió que esto afecta la credibilidad del proceso.
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El magistrado a cargo mantuvo la decisión. Consideró que la relación laboral del jurado no influía en su imparcialidad.
Expertos en derecho calificaron la situación de irregular. Sostienen que cualquier duda sobre la objetividad del jurado afecta la legitimidad del juicio.
El caso pone en debate la influencia de la industria petrolera en la justicia. Organizaciones ambientales denuncian que se busca criminalizar la protesta social.
Los abogados de Greenpeace insisten en que la ONG no organizó las protestas. Solo expresó su apoyo a la causa de los manifestantes.
La empresa sostiene que la protesta generó sabotajes y bloqueos. Alega que Greenpeace promovió desinformación y actos ilegales.
El Tribunal Supremo tomó una decisión polémica. Recusó retroactivamente a un magistrado que había intervenido en una resolución clave.
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Pese a la recusación, la decisión del tribunal se mantuvo. Los abogados defensores lo consideran un fallo contradictorio.
El juicio sienta un precedente para futuras protestas climáticas. Greenpeace advierte que es un intento de desalentar la movilización ambientalista.
Activistas temen que la demanda marque un precedente peligroso. Podría usarse para limitar la libertad de expresión y protesta.
La red de empresas involucradas en el oleoducto complica el caso. Las conexiones corporativas dificultan identificar a los verdaderos responsables del proyecto.
Marathon Petroleum, MPLX y Enbridge forman parte del entramado. Estas compañías invirtieron en la construcción del oleoducto.
Greenpeace sigue en juicio mientras enfrenta altos costos legales. Una condena pondría en riesgo su continuidad como organización global.
El resultado del juicio tendrá impacto a nivel internacional. Podría definir el futuro de las protestas contra la industria de los combustibles fósiles.
"Los jurados deben ser imparciales, sin vínculos con las empresas en juicio", advirtió un abogado de Greenpeace.
El veredicto final aún es incierto. El fallo definirá el alcance de la responsabilidad de Greenpeace en las protestas.
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