LEGISLADORES EXIGEN QUE NACIÓN CUMPLA FALLO POR SEGURIDAD HÍDRICA
Denuncian el incumplimiento de una sentencia de 2009 que obliga a garantizar obras en la presa Portezuelo Grande. Alertan sobre riesgos ambientales y urbanos.
El bloque CC-ARI-Cambiemos de la Legislatura de Río Negro reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia, dictada en 2009, obliga a realizar obras en la presa Portezuelo Grande, parte del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.
Han pasado 16 años desde la resolución judicial y las obras no se han concretado. El incumplimiento pone en peligro la seguridad hídrica de la región.
La falta de mantenimiento y mejoras en la presa aumenta el riesgo de inundaciones en ciudades ribereñas y compromete la producción agrícola del Alto Valle.
El abastecimiento de agua para la industria hidrocarburífera, clave para Vaca Muerta, también podría verse afectado.
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Los legisladores advierten sobre posibles impactos ambientales, como la contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y avance de la desertificación.
Citan un informe del ingeniero Oscar Vardé, que alerta sobre la incapacidad de la presa para soportar una crecida máxima probable.
Desde 2001, estudios hidrológicos indican fallas en la estructura. La crecida de 2006 agravó el panorama.
Auditorías posteriores recomendaron no solo obras en Portezuelo Grande, sino también la construcción de embalses adicionales.
El proyecto Chihuido, que podría haber mitigado el riesgo, quedó trunco y sin avances concretos.
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Para los legisladores, la falta de intervención representa una grave negligencia del Estado nacional.
En respuesta, presentaron un proyecto de comunicación pidiendo al Gobierno provincial que convoque a la Junta de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo.
El objetivo es evaluar los riesgos, coordinar con especialistas y desarrollar un plan de infraestructura acorde a la amenaza. Piden también que se destinen recursos específicos para enfrentar posibles desastres hídricos.
Alertan que recientes fenómenos climáticos extremos, como la inundación de Bahía Blanca, evidencian la necesidad de preparación.
Científicos advierten sobre la mayor frecuencia e intensidad de estos eventos en los últimos años.
"El Estado debe actuar de manera coordinada para prevenir y mitigar los efectos de estas catástrofes", aseguraron los legisladores.
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Instan a que la Junta de Protección Civil no actúe solo en emergencias, sino que funcione de forma permanente y preventiva.
Deben capacitarse agentes y ciudadanos para responder ante eventuales desastres. El bloque remarcó que no se puede esperar a una tragedia para tomar medidas.
"Es momento de que el Gobierno nacional cumpla con la sentencia y garantice la seguridad de miles de personas", concluyeron.
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