PEAJE: "AL VECINO COMÚN DE RÍO NEGRO NO LE VAMOS A COBRAR"

El sistema de peaje en rutas provinciales ya no es solo una posibilidad. La Legislatura de Río Negro aprobó la iniciativa en mayo pasado, con 27 votos afirmativos y 18 negativos. El proyecto avanza con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de caminos y regular el tránsito pesado. La medida se orienta principalmente a los camiones que operan en torno a Vaca Muerta.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos confirmó que esta semana se mantendrán reuniones con el CFI. Allí se evaluará el estudio encargado a una consultora que analiza la viabilidad del sistema. El ministro Alejandro Echarren explicó que esa etapa será clave para determinar cómo se implementará el modelo. También servirá para proyectar el impacto financiero y técnico de la medida.

La primera fase incluirá cinco rutas: la 2, 6, 8, 65 y 69. El tramo inicial será la Ruta 69, en Campo Grande, donde circular una gran cantidad de camiones. La prueba piloto se realizará en ese corredor, por su cercanía con zonas de actividad petrolera. Se trata de un sector estratégico en términos logísticos y con alto deterioro por el uso intensivo.

El ministro Echarren aclaró que no se cobrará a los autos particulares de uso privado. Tampoco se aplicará el canon a vehículos radicados tributariamente en Río Negro. “Al vecino común de Río Negro no le vamos a cobrar”, aseguró el funcionario. La medida busca evitar rechazo entre quienes utilizan las rutas para trabajar o trasladarse de manera cotidiana.

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El proyecto se centrará en los vehículos de carga pesada. El argumento oficial señala que son ellos quienes generan mayor daño sobre el asfalto. También representan un flujo importante dentro del sistema vial. Con el cobro del peaje, la Provincia pretende financiar arreglos, señalización y mejoras estructurales.

La implementación requerirá coordinación con Neuquén. La vecina provincia también habilitó el uso de peaje en sus rutas. Ambos distritos deberán acordar cómo se gestiona el sistema y cómo se distribuyen los ingresos. Además, tendrán que definir la compatibilidad tecnológica entre los equipos de detección y los sistemas de cobro.

El esquema rionegrino no tendrá cabinas tradicionales. El modelo será automatizado, con arcos lectores y cámaras que registran patentes. La identificación de vehículos será digital y permitirá discriminar entre exentos y no exentos. Se prevé una plataforma de pago online, con opciones para grandes transportistas.

Los ingresos del sistema se destinarán exclusivamente a obras viales. Ese fue uno de los compromisos asumidos durante el debate legislativo. La Provincia busca que el fondo sea transparente y tenga destino claro. Las rutas afectadas recibirán mantenimiento directo y permanente.

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Una vez que finalice la prueba piloto, el gobierno podrá avanzar con la licitación. Empresas privadas podrán presentar ofertas para operar el sistema. También se definirá qué porcentaje de los ingresos quedará en manos del concesionario y cuánto retendrá el Estado provincial.

El proyecto generó algunas tensiones con sectores del transporte. Algunos camioneros y empresarios rurales expresaron inquietud por los costos adicionales. También reclamaron mayor información sobre las tarifas previstas. Desde el Ministerio, explicaron que aún no se definieron montos específicos.

“La prioridad es que paguen quienes más usan y más peso cargan sobre las rutas”, explicaron desde la cartera de Obras. La medida también busca ordenar el tránsito, reducir siniestros y preservar la infraestructura provincial. El Ejecutivo insiste en que el objetivo no es recaudatorio, sino operativo.

La Ruta 69 será el primer paso del proceso. Se eligió por su conexión con Vaca Muerta y su deterioro visible. Allí se probarán los equipos, se medirán los flujos de tránsito y se ajustarán los sistemas. Si funciona correctamente, el modelo se expandirá a las otras rutas previstas.

El proyecto establece que los peajes podrán modificarse con el tiempo. Nuevos tramos podrán sumarse en función de las necesidades. También se actualizarán tarifas y tecnologías según la evolución del sistema. El Ejecutivo podrá proponer ajustes, siempre dentro del marco legal aprobado.

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La ley fue votada tras un largo debate. Algunos legisladores expresaron preocupación por el impacto en las economías regionales. Otros defendieron el esquema como una herramienta de gestión. Finalmente, la mayoría avaló el modelo con modificaciones que incluyeron exenciones y cláusulas de control.

El ministro Echarren reiteró que la prioridad es proteger al vecino rionegrino. Dijo que el sistema no tiene como fin afectar la vida cotidiana de la población. También subrayó que la provincia no puede sostener sola el costo del mantenimiento vial. “La infraestructura necesita financiamiento, y el peaje puede ser una solución concreta”, afirmó.

Río Negro tiene más de 7.000 kilómetros de rutas. Muchas están deterioradas por el peso constante de camiones. En zonas petroleras, el tránsito se multiplica durante todo el año. La Provincia considera que sin un sistema propio de financiamiento, el deterioro se agravará.

Los equipos del Ministerio ya trabajan en la identificación de puntos críticos. Se evalúan zonas con tránsito intenso, deterioro acelerado y riesgo vial. Esos datos servirán para planificar futuras etapas. También permitirán ajustar el diseño general del sistema de peaje.

Desde el gobierno también plantean que el modelo será adaptable. Si los resultados de la prueba piloto son negativos, podrán realizarse correcciones. Si hay rechazo social, se evaluarán alternativas. “El proyecto no está cerrado. Queremos escuchar todas las voces”, aseguró Echarren.

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El sistema convivirá con otras inversiones viales. El Ejecutivo gestiona fondos nacionales y créditos internacionales para ampliar obras. El peaje sumará una fuente complementaria. También permitirá programar mantenimientos preventivos, algo que hoy casi no se realiza.

Los fondos del peaje no irán a rentas generales. Estarán afectados exclusivamente al sistema vial. Así lo dispone la normativa aprobada por la Legislatura. También se creará un órgano de control para fiscalizar el destino de los recursos. El gobierno promete transparencia total.

El debate por los peajes no termina con la ley. La implementación será el verdadero desafío. El Estado deberá mostrar eficiencia, coordinación y respeto por el usuario. El resultado de la prueba en Campo Grande marcará el rumbo del proyecto. La sociedad espera certezas.