CHUBUT APRUEBA EL REGISTRO DE CÁMARAS PRIVADAS

La Legislatura del Chubut aprobó por mayoría una ley que permitirá registrar cámaras de videovigilancia privadas para integrarlas al sistema estatal de monitoreo. La medida, impulsada por la diputada oficialista Paulina Hogalde, generó un intenso debate dentro y fuera del recinto.

El proyecto fue aprobado con 20 votos a favor, uno en contra y una abstención. El único rechazo provino del diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, mientras que Tatiana Goic, de Arriba Chubut, optó por abstenerse.

La ley apunta a que el Estado provincial pueda firmar convenios voluntarios con propietarios de cámaras privadas. El objetivo es incorporar esas imágenes al sistema oficial para reforzar la seguridad en espacios públicos y de acceso público.

“La idea es prevenir delitos y facilitar las investigaciones”, explicó Hogalde durante el tratamiento. Aclaró que los convenios serán voluntarios y que no implican el monitoreo de espacios privados, sino de aquellos accesibles al público.

La norma establece que las cámaras adheridas deberán contar con cartelería específica para que la ciudadanía esté informada sobre su participación en el sistema. También se estipulan sanciones en caso de vulneraciones a la confidencialidad de los datos.

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El artículo primero autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar convenios a través del Ministerio de Seguridad. La implementación dependerá de la voluntad de personas humanas o jurídicas que posean cámaras instaladas en lugares estratégicos.

Los espacios comprendidos por la ley son aquellos donde transita la población, como frentes de casas, comercios y edificios, siempre que las cámaras apunten hacia la vía pública o zonas de acceso común.

Desde el oficialismo se destacó que la ley respeta los derechos individuales y no habilita un sistema de vigilancia masiva. Hogalde remarcó que se busca “fortalecer la seguridad sin vulnerar libertades”.

El diputado Juan Horacio Pais respaldó la propuesta y respondió a las críticas señalando que “cuando el Estado tiene herramientas para actuar, no puede quedarse de brazos cruzados”. Recalcó que el proyecto se basa en acuerdos voluntarios.

“Se trata de una herramienta disponible, y su mal uso no puede justificar la inacción”, argumentó. Además, indicó que cualquier abuso en la implementación deberá ser sancionado y controlado.

Por el contrario, Santiago Vasconcelos criticó con dureza la iniciativa y votó en contra. El legislador denunció que este tipo de políticas pueden derivar en un modelo de control social contrario a los derechos democráticos.

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“Estas medidas abren la puerta a una vigilancia desproporcionada, como ya se vio en manifestaciones recientes”, afirmó. Hizo referencia directa a operativos en Buenos Aires bajo la gestión de Patricia Bullrich.

Vanesa Abril, diputada de Arriba Chubut, apoyó el proyecto pero pidió que se acompañe con políticas integrales. Mencionó como ejemplo el modelo del municipio de Tigre, donde la videovigilancia se combina con programas sociales.

“No se trata solo de poner cámaras, hace falta un plan real con continuidad”, advirtió Abril. Su postura fue compartida por otros legisladores que, aunque votaron a favor, pidieron mayor profundidad en la estrategia.

El proyecto forma parte de una política más amplia de seguridad que incluye al nuevo Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia y al Comando Unificado recientemente creado. El Gobierno busca modernizar el sistema con tecnología y coordinación.

“Esta ley es parte de una visión integral que suma esfuerzos públicos y privados”, explicó Hogalde. Destacó que la medida ya despertó interés en varios municipios, donde se podrían iniciar las primeras experiencias piloto.

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Comodoro, Trelew y Esquel figuran entre las ciudades más avanzadas en materia de seguridad urbana. Las autoridades locales esperan los lineamientos del Ejecutivo para firmar los primeros convenios.

La normativa también establece que el sistema será supervisado por el Ministerio de Seguridad y deberá contar con auditorías periódicas. Se garantizará la protección de los datos y la confidencialidad de las grabaciones.

“Buscamos que los ciudadanos se sientan más seguros, pero sin que eso implique un retroceso en derechos”, sostuvo la legisladora oficialista. La ley deja claro que no se permitirá el acceso a cámaras que filmen espacios privados sin autorización judicial.

El sistema no se aplicará de forma automática. Cada convenio deberá formalizarse por escrito y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes. La participación será optativa y reversible.

La medida recibió respaldo mayoritario, pero dejó en evidencia diferencias dentro de los bloques. La abstención de Goic y los reparos de otros legisladores reflejaron tensiones internas en la discusión sobre seguridad.

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Desde sectores críticos advierten que la falta de reglamentación clara podría derivar en abusos. Otros señalan que la ley otorga demasiadas atribuciones al Ejecutivo sin controles suficientes.

El Gobierno provincial deberá ahora reglamentar la norma e iniciar los primeros convenios. Se espera que en las próximas semanas comiencen los contactos con comerciantes, frentistas y entidades privadas.

La ley marca un giro en la política de seguridad de Chubut, que apuesta por la colaboración entre el sector público y el privado. El éxito dependerá del equilibrio entre eficacia y respeto a los derechos fundamentales.

“Con tecnología y participación, buscamos más seguridad y menos miedo”, sintetizó Paulina Hogalde. La diputada defendió el proyecto como una respuesta a la creciente demanda social de protección en las calles.