Argentina apeló el fallo para frenar la entrega del 51 % de YPF y rechaza condena millonaria

Actualidad26/09/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Causa YPF imagen ilustrativa creada por LA17
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El Gobierno argentino formalizó en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York el recurso de apelación contra la orden que obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de la condena por la expropiación de la petrolera. La exigencia surge de un fallo de la jueza Loretta Preska que imponía un pago de US$ 16.000 millones, monto que ha crecido con los intereses hasta superar los US$ 18.000 millones.

La presentación argentina sostiene que el fallo original violó principios de protección soberana. Entre sus fundamentos figura el argumento de que un tribunal estadounidense no puede obligar a un país a repatriar activos ubicados fuera de su territorio, alegando inmunidad soberana bajo la Ley de Inmunidad Soberana de EE. UU. (FSIA). Asimismo, la apelación denuncia la aplicación indebida de la ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225), que no fue diseñada para forzar el traslado de bienes en jurisdicciones extranjeras.

Otro argumento es que la orden contraviene normativa argentina: no puede disponerse la transferencia de acciones de YPF sin autorización expresa del Congreso. Además, la apelación advierte sobre las implicancias diplomáticas: obligar a transferir activos estatales podría socavar relaciones entre naciones amigas y generar precedentes peligrosos en litigios internacionales.


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Mientras avanza la apelación, una medida de la Cámara de Apelaciones suspendió temporalmente la ejecución de la orden del 30 de junio que exigía la transferencia inmediata de acciones. Esto le dio al Estado margen para conservar su participación accionaria mayoritaria en YPF. 

En paralelo, los fondos beneficiarios (Burford Capital y Eton Park) han intentado avanzar con medidas para ejecutar la sentencia, incluyendo la apropiación de la acción del Estado en YPF como forma de pago. En junio de 2025, Preska ordenó que esas acciones fueran entregadas para satisfacer parcialmente la condena. 

Pese a eso, la apelación argentina sostiene que existe riesgo de perjuicio irreparable si el Estado acata la orden antes de que se resuelvan los recursos. Una vez entregadas las acciones podría perderse la posibilidad de recuperarlas incluso si consigue un fallo favorable más adelante.


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La causa por la nacionalización de YPF sigue un hilo histórico y jurídico complejo. En 2012, el Estado expropió el 51% de las acciones que estaban en poder de Repsol, sin lanzar una oferta de adquisición pública, lo cual desencadenó la demanda internacional por parte de accionistas minoritarios que alegaron un trato discriminatorio. 

Sobre ese punto, Argentina busca demostrar que YPF operó con independencia suficiente del Estado, lo que según analistas podría limitar la ejecución sobre sus activos. También cuestiona que las acciones “no están en EE. UU.” ni fueron usadas con fines comerciales dentro de ese país, lo que excluiría su sometimiento a FSIA. 

La definición del caso podría llegar durante el primer trimestre de 2026, cuando la Corte de Apelaciones emita su fallo definitivo. Mientras tanto, Argentina conserva su participación accionaria mayoritaria gracias a la suspensión cautelar concedida por la Cámara de Apelaciones. 


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Este litigio no solo impacta el patrimonio del Estado, sino también la reputación jurídica del país en el plano internacional. Si la apelación falla en favor argentino, se reforzaría la invocación de inmunidades soberanas como defensa habitual en disputas globales. Si falla en contra, podría desatar una ola de reclamos contra activos estatales en otros países.

En el terreno político local, figuras como Axel Kicillof han defendido históricamente la expropiación de YPF. Kicillof llegó a calificar el fallo de Preska como “carente de validez” y “ridículo”. La tensión entre el reclamo internacional y las decisiones nacionales vuelve cada paso del proceso especialmente observado.

Fuente: NA / El País / Infobae / LA NACION / TN.

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