Polémica en Chile: figuraba como desaparecida de Pinochet pero vivía en Argentina
Actualidad02/10/2025
REDACCIÓN
Brenda Vera
El caso de Bernarda Vera, considerada durante décadas una desaparecida del régimen de Augusto Pinochet, sorprendió a la opinión pública chilena luego de que una investigación televisiva la ubicara en la ciudad bonaerense de Miramar. La mujer, que figuraba en el listado oficial de víctimas de la represión de los años 70, fue señalada como protagonista de una historia que genera dudas sobre los registros estatales.
Vera había sido declarada muerta tras su supuesta ejecución en octubre de 1973, cuando militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sin embargo, la cronista de un canal chileno la abordó en la puerta de su casa en Argentina y, ante la pregunta directa “¿Señora Bernarda?”, la mujer respondió con un firme “sí” antes de refugiarse en su vivienda.
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El programa televisivo que reveló el episodio incluyó entrevistas a referentes de derechos humanos y a Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda. El especialista sostuvo que el Ministerio de Justicia chileno ya contaba con indicios sobre el caso, pero que no los había presentado formalmente ante los tribunales.
La polémica creció con la difusión de un boletín oficial en el que se reconocía la existencia de “incongruencias” en algunos registros de desaparecidos. Sin mencionar nombres, el documento mencionaba un caso de 1973 en el que la Comisión Rettig pudo haber incurrido en un error al acreditar la desaparición de una persona condenada por un consejo de guerra.
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El gobierno de Gabriel Boric intentó contener la controversia. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aclaró que “no hay certeza de que la persona encontrada sea efectivamente Bernarda Vera” y pidió prudencia hasta que la Justicia confirme la identidad. También señaló que el Estado cuenta con información recibida de Suecia, país donde la mujer habría residido antes de volver a la Argentina.
Desde la oposición chilena, en cambio, las críticas fueron inmediatas. El diputado Jorge Alessandri reclamó explicaciones por los recursos públicos destinados a la familia de Vera. “Hay dinero del Estado y miles de millones de pesos de los contribuyentes”, enfatizó el legislador de la UDI. Otros dirigentes pidieron a la Contraloría General investigar posibles responsabilidades políticas.
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El foco opositor se dirigió especialmente hacia Cordero, quien fue ministro de Justicia antes de asumir en Seguridad Pública. Los cuestionamientos apuntan a su rol en la gestión del Plan Nacional de Búsqueda y a la continuidad del pago de la pensión a la hija de Vera, que cuenta con una discapacidad motora reconocida oficialmente.
Desde los organismos de derechos humanos respondieron a las críticas. El historiador Pablo Seguel pidió no usar el caso como argumento contra las políticas de memoria. “Aclarar dudas sobre posibles errores no puede convertirse en un instrumento del negacionismo”, advirtió, subrayando que la magnitud de la represión explica que puedan existir fallas en la reconstrucción de la historia.
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El debate se instaló con fuerza en la política chilena y también en la sociedad civil. Mientras algunos sectores exigen que se investigue con rigor el destino real de Bernarda Vera, otros insisten en que “un eventual error administrativo no puede relativizar los crímenes cometidos durante la dictadura”.
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