Migrantes rechazaron en Río Negro un proyecto que arancela salud y educación para no residentes
Actualidad02/10/2025
Sergio Bustos
Comunidades con funcionarios.
La Legislatura de Río Negro fue escenario de un debate caliente. Un grupo de migrantes se presentó en comisión para rechazar el proyecto que impulsa JSRN, el cual propone cobrar aranceles en salud y educación superior a extranjeros sin residencia permanente.
La iniciativa, presentada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, ya cuenta con media sanción. El texto excluye a quienes tienen radicación permanente, pero sí alcanza a quienes se encuentran bajo residencia precaria o transitoria.
Abner Lobos Franco, migrante chileno con más de 50 años en Argentina, fue una de las voces más duras contra la propuesta. “Toda la colectividad está siendo agraviada en un país donde la Ley de Migraciones es ejemplar e imitada en el mundo”, afirmó.
El vocero advirtió que el proyecto implica “quitar un derecho histórico” y consideró débil el argumento de reciprocidad. “No sirve decir que en otro país no atienden a un argentino como lo hacemos acá”, remarcó.
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Lobos también planteó dudas sobre la viabilidad de la medida. Según un informe de la Universidad Nacional de Río Negro, en la provincia hay cerca de 1.500 inmigrantes. “No es operativo ni justo aplicar un arancel así”, agregó.
Por su parte, el legislador Lucas Pica defendió la iniciativa. Aclaró que “está dirigida únicamente a extranjeros con residencia transitoria o precaria” y sostuvo que busca sentar bases para “convenios de reciprocidad con otros países”.
El oficialismo argumenta que el objetivo es asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos provinciales y establecer criterios de equidad en el uso de recursos.
Los representantes de las colectividades extranjeras, en cambio, pidieron suspender el segundo tratamiento del proyecto para abrir una discusión más amplia fuera del recinto. “Necesitamos un debate real, no una decisión apresurada”, plantearon.
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El proyecto sigue generando controversia. Mientras algunos legisladores insisten en avanzar con la aprobación definitiva, las organizaciones migrantes mantienen su rechazo y advierten que la medida rompe con la tradición inclusiva de la provincia.
El debate se da en un contexto nacional donde varias provincias analizan medidas similares para regular el acceso a servicios públicos. Los defensores aseguran que se trata de un criterio de equidad, mientras los críticos lo califican como un retroceso en materia de derechos.
En paralelo, juristas y especialistas en políticas migratorias advierten que este tipo de reformas pueden terminar en la Justicia. Consideran que cualquier intento de restringir el acceso a derechos básicos podría chocar con la Ley de Migraciones, que garantiza igualdad de trato a los extranjeros.
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