Allanamientos por la causa ANDIS: 25 operativos en domicilios y droguerías del AMBA

La jornada se desplegó con 25 procedimientos simultáneos en domicilios particulares y droguerías, coordinados por el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y con intervención de fuerzas federales. La medida se inscribe en la investigación sobre presuntas maniobras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el foco puesto en circuitos de adquisición y eventuales intermediaciones que habrían direccionado compras sensibles para el sistema de salud.

El juez reimplantó el secreto de sumario y habilitó nuevas medidas de prueba, una decisión que restringe la difusión de detalles operativos mientras avanzan los peritajes. Fuentes del expediente señalan que se buscó asegurar evidencia digital antes de cualquier otra resolución, con una hoja de ruta que prioriza la trazabilidad de contratos y comunicaciones internas.

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En los allanamientos se procuró el secuestro de teléfonos celulares y equipos electrónicos vinculados a personas físicas y proveedores del rubro farmacéutico. Los investigadores apuntan a conservar dispositivos en condiciones forenses para analizar mensajes, correos y registros contables que podrían respaldar hipótesis sobre direccionamiento de compras.

Hasta el momento no se dispusieron detenciones, y los voceros judiciales insisten en que la eventual adopción de medidas restrictivas dependerá del resultado de los peritajes. El cronograma técnico incluye volcados de memoria, recuperación de archivos y cotejos con documentación administrativa para verificar eventuales incompatibilidades y beneficios indebidos.

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La ANDIS quedó en el centro de la escena tras la difusión de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, en los que se aludiría a presuntos pedidos de dinero y menciones a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La Justicia evalúa la autenticidad y el alcance de ese material, y por ahora evita conclusiones hasta contar con informes periciales firmes.

El expediente también revisa la eliminación o modificación de circuitos que habilitaban compras de alto costo, un terreno donde se mezclan regulaciones sanitarias, urgencias de pacientes y márgenes comerciales. Para el juzgado, la clave será el cruce entre contratos, precios y comunicaciones que justifiquen —o no— decisiones administrativas tomadas en períodos críticos.

Con los procedimientos en marcha y el secreto activo, el caso entra en una fase de laboratorio digital: peritos, trazadores y analistas trabajan sobre evidencia recién incorporada, un paso previo a definir si la causa suma imputaciones, llamados a declaración indagatoria u oficios a organismos de control. Mientras tanto, el hermetismo oficial marca el pulso de una investigación que promete más capítulos.