La UBA irá a la Justicia para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario

La Universidad de Buenos Aires resolvió este martes iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la plena vigencia de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La medida fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior, que consideró inconstitucional la decisión del Gobierno de suspender su aplicación pese a haberla promulgado.

En su resolución, la UBA señaló que el decreto firmado por el Ejecutivo “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley”, lo que a su entender “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido por la Constitución y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”. El texto sostiene además que la medida “vulnera derechos constitucionalmente establecidos y afecta al sistema universitario al impedir el acceso al financiamiento necesario y la recomposición salarial previstos”.

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El expediente, registrado bajo el número EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruye al rector a presentar las demandas correspondientes para exigir la inmediata implementación de la norma. También ordena comunicar la decisión a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la institución.

El Consejo Superior basó su decisión en la grave situación económica que atraviesan las universidades nacionales, al recordar que la UBA declaró la emergencia presupuestaria y salarial meses atrás. En los considerandos, se expresa que la ley fue sancionada precisamente para garantizar el sostenimiento del sistema universitario y recomponer los salarios del personal docente y nodocente.

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“El incumplimiento de esta ley profundiza la crisis y representa un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, advierte el documento aprobado por el cuerpo colegiado.

El máximo órgano de gobierno de la UBA, integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, remarcó que el cumplimiento de la norma es esencial para preservar la educación pública y la institucionalidad democrática.

Este martes, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 junto con la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas en el país. Sin embargo, ambas leyes quedaron suspendidas hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas al Presupuesto Nacional.

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El Gobierno argumentó que la suspensión responde al impacto fiscal que la aplicación de las normas tendría sobre las cuentas públicas. La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial durante la madrugada del martes.

En la UBA interpretan que esa medida contradice la voluntad del Poder Legislativo y sienta un precedente peligroso en materia institucional. “Es imprescindible que el Ejecutivo cumpla con la ejecución de la ley y asigne de manera urgente los recursos presupuestarios necesarios”, concluye el texto aprobado por el Consejo Superior.

Fuente: Infobae