

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz confirmó que el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará el martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Río Gallegos, tras una extensa etapa de apelaciones y disputas jurisdiccionales que demoraron el avance de la causa durante años.


El proceso judicial se realizará semana de por medio, de lunes a jueves, con el objetivo de facilitar el traslado y la participación de todas las partes involucradas. La apertura de las audiencias está prevista entre el 3 y el 7 de marzo, mientras que el lunes 2 se destinará a la preparación de la sala. El tribunal estará presidido por el juez Mario Gabriel Reynaldi y contará con la intervención de fiscales y representantes legales de las familias de los 44 tripulantes fallecidos.
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Entre los acusados se encuentran el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien estaba a cargo del Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento del siniestro; el capitán de navío Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, todos imputados por negligencia y omisiones en el control de las operaciones que derivaron en la tragedia.
El expediente, que lleva más de siete años de tramitación, llegó a esta instancia tras una larga controversia sobre la competencia judicial. Finalmente, la causa quedó radicada en Santa Cruz, tal como reclamaba la abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de los tripulantes. Las audiencias se dividirán en nueve bloques y se extenderán hasta julio de 2026.
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El hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, conmocionó al país y abrió una profunda investigación sobre el estado operativo de la flota submarina argentina, la falta de mantenimiento, y las responsabilidades jerárquicas en la cadena de mando. La embarcación había zarpado de Ushuaia con destino a Mar del Plata y desapareció en el Atlántico Sur, siendo hallada un año después a más de 900 metros de profundidad.
Para los familiares de las víctimas, la confirmación de la fecha del juicio representa un paso fundamental hacia la verdad y la justicia. “Esperamos este momento durante años. Queremos saber qué pasó y quiénes son los responsables”, expresaron desde la agrupación de familiares, que anticipó su presencia en Río Gallegos durante la apertura del proceso.





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