Crearán una Oficina Anticorrupción independiente en la provincia de Santa Cruz

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Santa Cruz propone la creación de una Oficina Anticorrupción provincial, con independencia funcional y amplias facultades para prevenir e investigar irregularidades en la administración pública. La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC), ya tomó estado parlamentario y será debatida en las próximas sesiones de comisión.

El texto legislativo plantea que la nueva Oficina dependa del Poder Legislativo, con personería jurídica pública e independencia total respecto de los tres poderes del Estado. Según la propuesta, su sede estará en Río Gallegos y funcionará como autoridad de aplicación de las leyes provinciales de Ética en la Función Pública (N° 3.034 y N° 3.325).

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El organismo tendría por objeto “prevenir, detectar, investigar y sancionar administrativamente” conductas contrarias a la ética pública cometidas dentro de la administración provincial, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La iniciativa busca complementar el trabajo de los organismos de control existentes, como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, sin duplicar sus funciones. “El nuevo organismo no debe replicar el control financiero o de legalidad, sino concentrarse en la prevención activa y la investigación administrativa”, explicó el autor del proyecto.

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En su diseño, la Oficina podría actuar de oficio o por denuncia, con capacidad para solicitar documentación, citar testigos, requerir informes y realizar inspecciones en cualquier área del Estado. La negativa a colaborar por parte de funcionarios o empleados sería considerada una falta grave, con posibles sanciones administrativas o penales.

El ámbito de competencia se extendería a toda la administración pública centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, municipios y comisiones de fomento que administren fondos provinciales. También incluiría a contratistas, concesionarios y proveedores vinculados al sector público.

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En casos que involucren a los poderes Legislativo o Judicial, la Oficina podría recibir denuncias, resguardar pruebas y colaborar con los órganos competentes. Asimismo, tendría la potestad de actuar como querellante penal en causas de corrupción, reforzando el vínculo entre la investigación administrativa y la judicial.

El titular del organismo sería designado por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con un mandato de seis años y posibilidad de una reelección. El cargo adjunto se definiría por concurso público de antecedentes y oposición, garantizando transparencia e idoneidad.

Fuente: La Opinión Austral