Fiscalía busca elevar a juicio la causa de avales truchos en elecciones de Servicoop

La causa por falsificación de actas en Servicoop entró en una etapa clave con el pedido formal de la fiscal Ivana Berazategui para elevar el expediente a juicio. El principal imputado es Germán Martinelli, dirigente local acusado del uso de documentos falsos durante una convocatoria de elecciones internas.

Según explicó la fiscal, la investigación se inició tras la detección de 32 actas presuntamente firmadas por socios, presentadas como respaldo de una lista interna. Los investigadores encontraron inconsistencias en la mayoría de los documentos.

“Más del 60% de las personas cuyos nombres figuraban en las actas no reconocieron su firma ni conocían a Martinelli”, indicó Berazategui. Esa constatación surgió de las declaraciones tomadas durante la etapa de instrucción, donde varios socios negaron cualquier participación.

El hallazgo más impactante fue el de tres personas fallecidas cuyos nombres y firmas aparecían en los registros. “En tres casos comprobamos que los socios habían muerto en 2019, 2022 y 2022, es decir, antes de la convocatoria”, señaló la fiscal.

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Para los investigadores, la maniobra tuvo un objetivo claro: dar apariencia de legitimidad a documentos apócrifos con el fin de sustentar una presentación electoral interna. “Se intentó presentar documentación falsa como válida ante la autoridad competente”, sostuvo Berazategui.

El expediente también detalla que Martinelli fue quien entregó las actas en la sede correspondiente, aunque hasta el momento no prestó declaración en la causa. La fiscal afirmó que esa omisión no impide la continuidad del proceso judicial.

Con la acusación formal presentada, ahora el juez de garantías deberá fijar la audiencia preliminar, una instancia donde se revisarán las pruebas y se definirá si el caso pasa a juicio oral y público. En esa audiencia podrían incorporarse nuevas pericias caligráficas para reforzar los resultados.

La causa está encuadrada en el artículo 296 del Código Penal, que sanciona el uso de documento falso con penas de uno a seis años de prisión. En este caso, la acusación apunta a una falsificación dolosa con posible impacto institucional dentro de Servicoop.

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Desde la fiscalía destacaron que el caso no solo expone irregularidades documentales, sino también una práctica que buscó alterar la voluntad de los socios. “La legitimidad de las decisiones cooperativas depende de la autenticidad de sus registros”, remarcaron fuentes judiciales.

La investigación reveló, además, que algunos firmantes declararon haberse enterado de su supuesta participación al ser citados por la justicia, lo que reforzó la sospecha de manipulación. “Nos usaron sin consentimiento”, expresó uno de los socios afectados.

Berazategui consideró que el expediente reúne suficiente evidencia para avanzar a juicio, y que las pruebas recolectadas “muestran una intención clara de falsear documentación”.

La fiscal sostuvo que el caso Servicoop pone en debate la transparencia institucional y la necesidad de mayor control sobre los procesos internos en entidades que administran servicios públicos.

Mientras se aguarda la definición del juez de garantías, el expediente sigue sumando declaraciones. Todo indica que la etapa oral se convertirá en una de las más seguidas del año en Puerto Madryn, por la relevancia del acusado y el impacto político de la causa.