Corea del Norte muestra una leve apertura ante la ONU por la pena de muerte

Según el podcast Enfoque Internacional de Radio Francia Internacional (RFI), Corea del Norte podría estar dando una mínima señal de apertura en materia de derechos humanos. Durante el Congreso sobre la Pena de Muerte en Asia Oriental, celebrado en Tokio del 7 al 9 de noviembre, Elizabeth Salmón, relatora de la ONU para la República Popular Democrática de Corea (RPDC), destacó que el régimen aceptó por primera vez dos recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos relacionadas con la pena capital.

En diálogo con la periodista Melissa Barra, Salmón explicó que el derecho internacional solo permite aplicar la pena de muerte ante delitos de extrema gravedad, algo que no ocurre en el país asiático. “En Corea del Norte existen alrededor de 40 delitos que pueden castigarse con la muerte”, advirtió la experta, y entre ellos mencionó la comercialización de drogas, la prostitución, la trata de personas y, sorprendentemente, el consumo de información proveniente de naciones hostiles como Corea del Sur.

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La relatora afirmó que la mayoría de las ejecuciones ocurren lejos de la mirada internacional, sin transparencia ni garantías judiciales. A pesar de la falta de acceso directo al territorio, el equipo de Naciones Unidas ha recibido informes de juicios públicos y ejecuciones sumarias incompatibles con los estándares de justicia internacionales. “Llegó a nuestro conocimiento el caso de 11 mujeres repatriadas desde China, sometidas a un juicio público por trata de personas y esclavitud sexual, donde dos de ellas fueron ejecutadas el mismo día”, relató Salmón.

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Durante su intervención en el congreso de Tokio, la relatora resaltó un cambio inusual: la RPDC aceptó por primera vez dos recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Una fue presentada por Chile, que pidió reducir los delitos castigados con la pena de muerte, y la otra por Países Bajos, que instó a limitarla solo a los crímenes más graves del derecho internacional.

“A pesar de que tradicionalmente Corea del Norte se ha negado a discutir este tema, el hecho de haber aceptado estas recomendaciones es un avance importante”, señaló Salmón, quien considera que este gesto podría abrir la puerta a futuros diálogos sobre la abolición o limitación del castigo capital. La relatora sostuvo que la aceptación de estas propuestas no implica cambios inmediatos, pero podría anticipar reformas legales o la adopción de protocolos que garanticen el derecho a la vida.

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Salmón también observó que el uso de ejecuciones públicas en Pyongyang tiene un objetivo político, orientado a desalentar la disidencia y consolidar el control del Estado. Sin embargo, sostuvo que la presión internacional y los mecanismos de revisión de la ONU son herramientas clave para mantener el tema en la agenda.

El congreso de Tokio, impulsado por asociaciones abolicionistas de la región y la organización Juntos Contra la Pena de Muerte, reunió a especialistas y defensores de derechos humanos para debatir estrategias que promuevan la reducción de la pena capital en Asia Oriental, una región donde varios países aún mantienen este castigo.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional