Galápagos y Hermandad: el corredor marino que anticipa el nuevo Tratado de Alta Mar

PODCASTS Radio Francia Internacional21/01/2026REDACCIÓNREDACCIÓN
Reserva marina de Galápagos. Foto Bloomberg en Línea
Reserva marina de Galápagos. Foto Bloomberg en Línea

Según el podcast Vida en el Planeta de Radio Francia Internacional, la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el 17 de enero abrió un nuevo escenario para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, con el objetivo global de proteger el 30% de los océanos. En ese marco, el programa puso el foco en un caso latinoamericano que ya funciona como referencia: la Reserva Marina de Galápagos y su ampliación con la Reserva Hermandad, impulsada para mejorar la conectividad ecológica en el Pacífico Este tropical.

Galápagos se presenta como un refugio de 133.000 kilómetros cuadrados en aguas ecuatorianas, reconocido como reserva de la biosfera por su aporte a la conservación y a la investigación científica. La novedad llegó con la ampliación de 60.000 kilómetros cuadrados, que incorporó a Hermandad para formar un corredor que vincula áreas protegidas entre Ecuador y Costa Rica, una apuesta orientada a sostener rutas migratorias de especies amenazadas.

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La profesora Susana Cárdenas, directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito y copresidenta del Galápagos Live Fund, explicó por qué la conectividad se volvió prioritaria. “En el Pacífico Este tropical, teníamos áreas marinas protegidas importantes pero aisladas”, señaló, y sostuvo que la decisión de ampliar la protección respondió a evidencia científica acumulada sobre desplazamientos de fauna marina.


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Cárdenas detalló que estas rutas son utilizadas por especies migratorias en riesgo. “Ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas como tiburones martillo, tortugas marinas y varias especies de ballenas que usan estos corredores como rutas migratorias, pero que no estaban protegidos”, explicó, al describir el sentido de Hermandad como enlace entre áreas conservadas.

El diseño de la reserva incorporó distintos niveles de protección para ordenar usos y reducir impactos. De los 60.000 km², 30.000 km² quedaron bajo un esquema de protección total, donde no se permite actividad extractiva, ni artesanal ni industrial. En las franjas restantes, se habilitó únicamente la pesca industrial de cerco, una práctica que, según la investigadora, reduce el volumen de captura incidental frente a métodos como el palangre.


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En la misma línea, Cárdenas explicó por qué el tipo de pesca importa para la biodiversidad. “La pesca incidental es cuando se capturan otras especies que no son objetivo y que están altamente amenazadas”, sostuvo, al mencionar afectaciones sobre tiburones, aves marinas y tortugas, especialmente asociadas al palangre, con miles de anzuelos en operación.

El control efectivo aparece como condición para evitar “reservas de papel”. En Galápagos, el monitoreo se apoya en herramientas tecnológicas y en capacidad operativa para interceptar pesca ilegal. La bióloga Diana Vinueza, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, describió el rol del software utilizado por las autoridades ecuatorianas. “Esta plataforma te ayuda a ver en una pantalla todas las embarcaciones que tienen sistema de monitoreo que navegan en la zona”, explicó sobre Themis, desarrollado por una empresa francesa.


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Vinueza señaló que el sistema permite identificar comportamientos típicos de pesca, generar alertas por ingresos a zonas prohibidas y sostener inteligencia operativa. También remarcó el peso del marco sancionatorio: en Ecuador, ingresar sin justificación a un área protegida puede derivar en multas que van de 3.000 a 10.000 dólares, una medida que, junto al monitoreo satelital, redujo de forma marcada los episodios de actividad ilegal dentro de la reserva.

El podcast también abordó el llamado “efecto derrame”, un fenómeno observado cuando las áreas protegidas permiten que los stocks de peces se recuperen y aumenten en zonas cercanas donde sí se pesca. Vinueza sostuvo que en Galápagos ese efecto se evidencia en la dinámica regional y en la productividad ligada a la pesquería de atún, con actividad concentrada fuera del área protegida.


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El desafío de fondo, sin embargo, trasciende las aguas nacionales. La presencia de flotas industriales que operan en alta mar, al límite de las zonas económicas exclusivas, presiona sobre especies migratorias que no reconocen fronteras. En ese contexto, el Tratado de Alta Mar aparece como una herramienta para avanzar con regulaciones y áreas protegidas internacionales, y para responder a episodios como el de 2020, cuando decenas de buques se alinearon en el borde de Galápagos para capturar calamar, con casos de radares apagados para evitar rastreo.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional

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