Imagen ilustrativa de Myrna Maidana generada por LA17
El 10 de diciembre comenzará en Rawson el juicio oral por el homicidio de la auxiliar docente Myrna Maidana, un caso que conmovió a la capital provincial. La audiencia será presidida por la jueza Laura Martini, quien supervisó la etapa de investigación y garantizará el proceso ante un jurado popular integrado por doce vecinos.
El único imputado es Pablo Moyano, de 55 años, acusado del delito de “homicidio triplemente agravado”. La Fiscalía, representada por las doctoras Laura Castagno y Silvina Nicholson, solicitará la pena de prisión perpetua en caso de probar alguna de las tres agravantes: vínculo de pareja con la víctima, intención de ocultar un robo y violencia de género.
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El hecho ocurrió en el barrio Área 16 de Rawson, donde Maidana fue hallada sin vida en su vivienda tras haber sufrido golpes y heridas de arma blanca. El expediente sostiene que Moyano habría actuado con el objetivo de robar y eliminar rastros del hecho, lo que encuadra la acusación bajo la figura de “homicidio en ocasión de robo”.
Durante la audiencia preliminar, la defensa —a cargo de Miguel Moyano y Miguel Lugo— intentó reducir la calificación penal, argumentando que el acusado no tuvo intención de matar y que la muerte fue consecuencia de un hecho fortuito durante un robo. La jueza Martini rechazó ese planteo y confirmó la acusación presentada por la Fiscalía, dando paso al juicio con jurados.
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El proceso será histórico para la justicia de Rawson, ya que será uno de los primeros casos de femicidio debatido bajo el sistema de jurados populares en la provincia. El procedimiento contempla una instancia de selección donde los candidatos deberán pasar filtros legales y de imparcialidad antes de conformar el tribunal.
Las fiscales Castagno y Nicholson sostendrán que se trató de un crimen planificado y ejecutado con violencia extrema. Presentarán pruebas periciales, informes forenses y testimonios de vecinos que escucharon ruidos en el domicilio de la víctima la noche del hecho. Por su parte, la defensa intentará acreditar que Moyano no tuvo participación directa o que no existió vínculo sentimental entre ambos, lo que podría modificar la calificación legal.
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La jueza Martini será la encargada de garantizar la legalidad y orientar al jurado sobre el marco jurídico, pero la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia de Moyano recaerá exclusivamente en los doce ciudadanos convocados. Una vez escuchadas las pruebas y los alegatos, el jurado deberá deliberar y dictar veredicto en base a la evidencia.
El Ministerio Público Fiscal anticipó que pedirá prisión perpetua si se demuestra alguna de las agravantes. Es un caso donde la violencia de género y la relación previa entre víctima y victimario deben ser contempladas como agravantes determinantes.
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