Pidieron la detención de Diego Spagnuolo y otras cinco personas por graves hechos de corrupción

La investigación judicial que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad dio un giro decisivo luego de que el fiscal federal Franco Picardi solicitara la detención de Diego Spagnuolo y de otras cinco personas señaladas en el expediente. A partir de esta presentación, el juez Sebastián Casanello citó al ex titular del organismo para el 19 de noviembre, dando un paso clave en una causa que ya impacta en el ámbito político y sanitario.

El pedido del fiscal incluye la indagatoria de 15 personas entre ex funcionarios de la ANDIS y representantes de empresas vinculadas al rubro de medicamentos e insumos médicos. Picardi fundamentó la solicitud en la existencia de maniobras que considera graves, vinculadas al direccionamiento de compras de alto costo, sobreprecios millonarios y pagos indebidos provenientes de empresas proveedoras.

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El caso ganó visibilidad tras la difusión de audios en los que quien sería Spagnuolo menciona a la empresa Suizo Argentina en un presunto circuito de retornos. A partir de ese material y de otros indicios reunidos en la causa, el fiscal también pidió la detención de Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, y de Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian.

Para algunos de los acusados se solicitó el secuestro de dispositivos electrónicos y su análisis forense, mientras que en otros se ordenaron allanamientos y requisas para buscar documentación contable y contratos vinculados a distintas droguerías, entre ellas Profarma, Indecomm, Genesis, Suizo Argentina, New Farma y Floresta. La pesquisa apunta a reconstruir el entramado de intermediarios, proveedores y operadores que habrían intervenido en las contrataciones.

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Las citaciones a indagatoria alcanzan a otros actores del sector público y privado, entre ellos Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta. A la par, se ordenaron allanamientos en domicilios particulares y en instalaciones de la firma Baires Fly, en búsqueda de elementos vinculados al expediente.

De acuerdo con Picardi, la investigación permitió detectar un sistema organizado que vulneraba los principios de la administración pública y afectaba directamente al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y sin cobertura médica. El fiscal sostuvo que estas maniobras se realizaron “en perjuicio de un sector poblacional vulnerable”, y que los responsables usaban su posición para obtener beneficios personales.

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En su presentación, el fiscal señaló que Spagnuolo y Garbellini permitieron que personas ajenas al organismo intervinieran en decisiones sensibles, al punto de influir en prestaciones que la ANDIS debía autorizar y en el manejo de fondos públicos destinados a medicamentos e insumos costosos. El planteo incluye la hipótesis de que operadores externos actuaban dentro del organismo para garantizar adjudicaciones irregulares.

El avance judicial ocurre en paralelo a las estrategias defensivas de los imputados. Spagnuolo solicitó días atrás la nulidad de la causa y desconoció la autenticidad de los audios, argumentando que podrían haber sido manipulados o incluso generados con inteligencia artificial. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, insistió en esa línea y cuestionó el origen del material.

La Cámara Federal escuchó los planteos de las defensas en audiencias recientes. Algunos argumentaron que los audios violan la privacidad del ex funcionario, mientras que otros señalaron que las presuntas maniobras ya habían sido investigadas en una causa previa que terminó archivada. El tribunal deberá evaluar ahora ambos planteos mientras continúa el trámite principal.

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A pesar de los cuestionamientos, Picardi sostuvo que la causa no se apoya exclusivamente en los audios, sino en un conjunto de indicios que incluyen testimonios, documentación y decisiones administrativas previas. Como ejemplo citó el decreto con el que el presidente Javier Milei desplazó de sus cargos a Spagnuolo y a Garbellini, antes del inicio formal de la investigación.

Entre las pruebas incorporadas se encuentran los testimonios del ex estratega libertario Fernando Cerimedo y del periodista Agustín Rodríguez. Cerimedo declaró que Spagnuolo ya le había hablado en 2024 de situaciones similares a las que aparecen en los audios, mientras que Rodríguez mencionó que el ex funcionario había expresado malestar por presuntas presiones internas vinculadas a Eduardo “Lule” Menem.

El expediente ahora avanza hacia una etapa de mayor definición, con indagatorias que podrían aclarar responsabilidades o ampliar el alcance de la causa. Para el fiscal, la evidencia reunida hasta el momento permite sostener que existió un circuito de sobornos y direccionamiento en perjuicio del Estado y de personas en situación de vulnerabilidad. La próxima semana será decisiva para el futuro procesal de los imputados.

Fuente: Infobae