El 20% del sobreprecio en la obra pública era para coimas y un fondo en negro de las empresas

La lectura de la declaración de Ernesto Clarens, uno de los imputados colaboradores más relevantes del expediente Cuadernos, volvió a introducir en el debate judicial una trama que atraviesa más de una década de recaudación ilegal, operaciones en efectivo y maniobras de lavado vinculadas a la obra pública. La audiencia incluyó extractos en los que el financista afirmó que “yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, una frase que sintetiza su rol dentro de un engranaje que, según la acusación, funcionó entre 2003 y 2015 bajo una estructura de poder con alcance nacional.

El proceso judicial, que utiliza como punto de partida las anotaciones manuscritas del chofer Oscar Centeno, describió un circuito donde empresarios, funcionarios y operadores financieros articulaban la entrega de dinero proveniente de retornos. La acusación sostiene que existió una asociación ilícita compuesta por ex funcionarios como Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Claudio Uberti, José López y el propio Clarens, entre otros, dedicada a recolectar fondos ilícitos y canalizarlos a distintos destinos.

OTRAS NOTICIAS:

Aerolíneas Argentinas extiende sus vuelos a Aruba desde Buenos Aires y Córdoba

Durante la audiencia se repasó cómo, a mediados de 2005, Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, convocó a Clarens para informarle que el Gobierno había decidido aplicar un mecanismo de recaudación sobre la obra pública. El financista relató que las empresas enviaban emisarios a sus oficinas con montos anotados y conceptos asociados, y que su tarea consistía en recibir esas sumas, convertirlas en moneda extranjera y coordinar la entrega de los billetes.

El esquema incluía reuniones en la llamada Camarita, donde distintas firmas viales discutían licitaciones, sobreprecios y turnos para adjudicaciones. Según lo leído en el juicio, el 20% de sobreprecio en las ofertas incluía un 10% destinado a coimas y otro 10% para generar fondos en negro, mientras que los anticipos financieros también formaban parte del circuito de recaudación. Las entregas semanales podían alcanzar los 300.000 dólares, aunque en determinados períodos los montos se redujeron por la falta de pagos de Vialidad.

OTRAS NOTICIAS:

Javier Milei confirmó que viajará en marzo a la Argentina Week en Nueva York

En uno de los tramos más sensibles, se repasaron fragmentos donde Clarens mencionó en forma directa a Cristina Kirchner. El financista aseguró que José López lo contactó porque “la Presidenta le había dicho que se le adjudique una obra en el sur a Cristóbal López”, aun cuando el proceso licitatorio ya estaba en marcha. También indicó que recibió instrucciones para dar apoyo financiero a la empresa GOTTI, cuyo deterioro económico generó pedidos urgentes tras la muerte de Néstor Kirchner.

La audiencia también incorporó declaraciones sobre aportes para campañas políticas entre 2012 y 2013. Clarens afirmó que empresas como ESUCO, Cartellone, Losi, Chediack y Roggio entregaron dinero en ese concepto, que luego convertía a dólares para llevar directamente a uno de los departamentos utilizados por López en Puerto Madero. El relato incluyó referencias a reclamos vinculados al programa Sueños Compartidos y a solicitudes de fondos que, según la confesión, se repitieron durante los años posteriores.

OTRAS NOTICIAS:

Fátima Bosch conquista Miss Universo 2025 y conmueve con una historia marcada por raíces, luces y sorpresas

Otro tramo de la lectura se concentró en el rol de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, quien ordenaba el retiro de fondos y coordinaba encuentros para recibir paquetes en dólares o en euros. El financista sostuvo que Muñoz transportaba los billetes en “archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa de El Calafate”, y que el dinero viajaba los viernes en aviones oficiales hacia Santa Cruz.

El juicio, que reúne fragmentos de distintas causas derivadas de los cuadernos, expone la dinámica de una operatoria que alcanzó la obra pública vial, los subsidios al transporte, la importación de gas licuado y circuitos internacionales de lavado. La magnitud del dinero involucrado, según Clarens, rondaría los 30 millones de dólares, cifra que la investigación continúa analizando para determinar responsabilidades, circuitos financieros y beneficiarios finales.

OTRAS NOTICIAS:

Ataque al mural de Di María reaviva tensiones en el barrio donde empezó su historia

Mientras las audiencias avanzan, los jueces deberán valorar la información aportada por los imputados colaboradores y la documentación incorporada al expediente. El proceso se encamina hacia etapas decisivas, donde las confesiones, las planillas y los listados utilizados en la Camarita vuelven a ocupar un rol central en la reconstrucción judicial del circuito de recaudación, una trama que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción de la obra pública en la Argentina reciente.