Una niña de siete años falleció al recibir un disparo en la cabeza y atacaron la casa de los acusados
Policiales22/11/2025
REDACCIÓN
Policía de Tucumán
En San Miguel de Tucumán se confirmó la muerte de Zoe Robledo, la niña de siete años que había sido baleada mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano. “Mi hija acaba de fallecer. Que se haga justicia y que los asesinos paguen”, expresó su madre, Claudia, al confirmar el deceso que generó una inmediata reacción comunitaria.
La noticia profundizó la angustia que dominaba al barrio desde el jueves, cuando se produjo el ataque armado que dejó a Zoe en estado crítico. La madre relató que la directora del hospital fue quien le comunicó el fallecimiento, y reiteró su pedido para que los acusados enfrenten una pena acorde con la gravedad del hecho. También señaló su preocupación por el mayor de los detenidos, al afirmar que “tiene que estar alojado en un penal para que no esté en comisaría, para que tenga un celular y se burle”.
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El ataque ocurrió frente a la vivienda familiar sobre la calle Ricardo Rojas. Según la reconstrucción fiscal, la niña jugaba a pocos metros de la vereda cuando un grupo integrado por cuatro jóvenes llegó hasta el lugar. La acusación sostiene que uno de ellos, conocido como “Chueco”, extrajo un arma y comenzó a disparar, mientras los acompañantes lo arengaban en medio de la escena.
Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Zoe y le produjo una herida de entrada y salida. Sus familiares la trasladaron de inmediato al Hospital de Niños, donde permaneció internada en estado reservado hasta su fallecimiento. La gravedad de la lesión dejó pocas alternativas a los médicos, que informaron a la familia que el cuadro era irreversible.
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La Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal imputó inicialmente al joven de 19 años apodado “Menor” y a un adolescente de 16 conocido como “Ratón”, quienes habrían acompañado al tirador. Ambos quedaron detenidos pocas horas después del ataque, mientras que “Chueco” y otro cómplice continúan prófugos. El fiscal Pedro Gallo solicitó la prisión preventiva para el mayor, y medidas especiales para el menor involucrado.
La Fiscalía detalló en audiencia que los acusados “actuaron en forma conjunta y coordinada, insultaban y arengaban al tirador”, en un hecho que, según el Ministerio Público, tuvo un accionar premeditado. Con el fallecimiento de la niña, se anticipó que los cargos serán reformulados para reflejar la consumación del homicidio.
El barrio vivió una reacción inmediata tras conocerse la noticia. Un grupo de vecinos incendió la vivienda de los presuntos involucrados, en un clima de tensión que obligó a reforzar la presencia policial para evitar nuevos episodios. El enojo colectivo creció con el paso de las horas y derivó en una protesta que reclamó respuestas rápidas y justicia efectiva.
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Fuentes judiciales indicaron que una de las hipótesis analiza si el ataque estuvo vinculado a conflictos previos y disputas ligadas al consumo y venta de drogas. En ese sentido, se mencionó que tanto la expareja fallecida como la nueva pareja de la madre de Zoe tuvieron antecedentes penitenciarios, lo que podría haber influido en el contexto del ataque. Los investigadores insistieron en que no descartan líneas alternativas para determinar el móvil.
El trabajo policial continúa con la búsqueda del tirador, considerado pieza central para avanzar en la acusación formal. Además, se analizarán cámaras de seguridad, testimonios y peritajes balísticos que permitan completar el cuadro del episodio. La Fiscalía afirmó que la reconstrucción de la mecánica del ataque será clave para sostener la acusación en la etapa judicial.
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En paralelo, organizaciones sociales expresaron su acompañamiento a la familia y reclamaron medidas para reducir la violencia armada en barrios con altos niveles de vulnerabilidad. La muerte de Zoe reavivó debates locales sobre seguridad, presencia estatal y circulación de armas de fuego. La reacción del barrio reflejó un agotamiento profundo ante episodios reiterados que afectan a niños y adolescentes.
La familia permanece acompañada por vecinos y allegados mientras espera avances en el expediente. Claudia reiteró que su hija “tenía 7 años y toda su vida por delante”, frase que marcó el tono de la jornada y que se multiplicó en redes sociales con mensajes de apoyo y pedidos de justicia.
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El Ministerio Fiscal informó que continuará con nuevas medidas en las próximas horas, mientras la comunidad aguarda novedades sobre la detención de los prófugos. El caso dejó al descubierto el impacto de la violencia armada y abrió un debate urgente sobre la protección de la infancia en contextos vulnerables.
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