
Evalúan sumar el departamento donde vive Cristina al listado de bienes a decomisar en la causa Vialidad
Policiales25/11/2025
REDACCIÓN
La fiscalía federal que interviene en el expediente Vialidad estudia una ampliación del pedido de decomiso que podría incluir el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. La iniciativa está bajo análisis de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes evalúan una segunda tanda de bienes a incorporar al proceso.


La decisión final recaerá en el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que ya dispuso la semana pasada el decomiso de 80 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas, un terreno de la ex presidenta en Santa Cruz y 19 inmuebles cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
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El departamento de Constitución, de unos 232 metros cuadrados, fue adquirido en 2010 por un monto superior a los 300.000 dólares y figura a nombre de Hotesur, la firma familiar cuyos bienes permanecen embargados por una causa paralela de lavado de dinero en la que están acusados Cristina Kirchner y su hijo.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que “está bajo estudio” su inclusión en el listado actualizado, que se prepara mientras continúan las objeciones de las defensas. Los abogados rechazaron el avance sobre propiedades cedidas en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner y remarcaron que la fiscalía no acreditó un vínculo directo entre cada inmueble y la maniobra investigada.
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La ex presidenta pidió anular la ejecución de esos bienes y cuestionó el método utilizado para calcular el decomiso. Sostuvo que resulta ilegítimo ejecutar propiedades adquiridas antes de 2009, año en el que firmó un decreto que, según el fallo, la vinculó a la estructura delictiva. Sus hijos también objetaron la medida al asegurar que no mantenían relación con el proceso penal.
El tribunal, sin embargo, reafirmó que el decomiso no exige “una trazabilidad científica” sino coincidencia temporal y razonabilidad económica, al señalar que la medida debe impedir que “el delito rinda frutos”. Además, sostuvo que puede alcanzar tanto bienes directos como ganancias derivadas, bienes mezclados o transformados, incluso cuando estos estén en manos de personas no condenadas.
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En la resolución, los jueces recordaron que si bien Néstor Kirchner nunca fue condenado y falleció antes del inicio de la causa, la reconstrucción histórica de los hechos lo ubicó en la maniobra con múltiples negocios con Báez, lo que llevó a considerar que los bienes heredados por sus hijos formaban parte de la masa común de la sociedad conyugal.
El tribunal dispuso también el decomiso de un inmueble de 6000 metros cuadrados adquirido por Cristina Kirchner en 2007 en El Calafate, así como de 19 propiedades de Máximo y Florencia ubicadas en Río Gallegos y en el departamento Lago Argentino, donde se encuentra el terreno que dio lugar a la construcción del hotel Los Sauces.
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Tras la medida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó a cargo de inventariar y tasar los bienes decomisados, además de decidir si tendrán utilidad pública o serán rematados. En su primera etapa, el decomiso abarcó 50 inmuebles de Lázaro Báez —49 en Santa Cruz y uno en Chubut— adquiridos entre 2004 y 2011, muchos de los cuales ya estaban bajo dominio judicial por la causa "Ruta del Dinero K".
El tribunal adelantó que, si los bienes tasados resultan insuficientes para cubrir el monto total, el proceso avanzará sobre el patrimonio de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, todos alcanzados por la sentencia.
Fuente: LA NACIÓN.


















