Argentina reclama en La Haya la detención de Maduro y Cabello por violaciones a los derechos humanos

La postura argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) marcó un giro en un escenario diplomático ya tensionado por la crisis venezolana. En una sesión de alto impacto político, el embajador argentino ante la Corte, Diego Sadofschi, sostuvo que la situación en Venezuela “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024” y pidió que se avance con órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El planteo se apoyó en denuncias por detenciones arbitrarias, trato inhumano y otros delitos que la CPI tipifica como crímenes de lesa humanidad.

El diplomático expuso que las denuncias acumuladas durante los últimos años requieren “investigaciones rigurosas, pero expeditivas” y enfatizó que el pedido argentino no debe interpretarse como un gesto hacia Caracas sino como una señal del compromiso nacional con el sistema de justicia internacional. “La decisión de la Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión es una muestra del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea”, sostuvo Sadofschi en La Haya.

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La respuesta venezolana llegó de inmediato. El representante de ese país ante la Asamblea, Héctor Constant Rosales, acusó al gobierno argentino de ser un “falso defensor” de los derechos humanos y cuestionó su voto reciente en Naciones Unidas, donde Buenos Aires se posicionó contra una resolución sobre torturas y penas inhumanas. El cruce exhibió un clima diplomático áspero, en un contexto ya marcado por fricciones políticas y acusaciones mutuas en foros multilaterales.

Con el intercambio en pleno desarrollo, Sadofschi pidió nuevamente la palabra para rechazar los términos utilizados por Rosales. “No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”, afirmó, al remarcar que la postura argentina representa una continuidad histórica con el sistema internacional de justicia penal. También recordó que Argentina “ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras” de los estados parte del tribunal.

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El embajador insistió en que la CPI debe tomar medidas “concretas y urgentes”, al asegurar que las evidencias sobre detenciones arbitrarias, persecuciones y tratos degradantes requieren una respuesta institucional. En paralelo, señaló que el deterioro político y social de Venezuela se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio, cuestionadas por distintos organismos internacionales.

El planteo argentino se suma a los movimientos que distintos países impulsan para que la CPI avance sobre la investigación formal. El expediente sobre Venezuela permanece abierto desde hace años y agrupa denuncias de organismos de derechos humanos, testimonios de víctimas y documentos oficiales. El pedido de arresto contra Maduro y Cabello busca que la Corte acelere un proceso que, hasta ahora, avanza con ritmos dispares.

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El debate dejó en claro que la situación venezolana continúa en el centro de la agenda internacional. Mientras Caracas denuncia una maniobra política, varios estados parte reclaman un paso decisivo del tribunal para evitar que se consolide la impunidad. La sesión en La Haya reflejó ese choque de posturas y ubicó a Argentina en un rol de alta visibilidad internacional.

Fuente: NA